Redacción Central (PL).- Costa Rica suele considerarse receptor de emigrantes, pero hoy el segundo destino escogido por los refugiados en Latinoamérica transita a la condición de emisor y se inserta en el espacio transnacional migratorio hacia Estados Unidos.

Aunque más de medio millón de extranjeros residen en esa nación centroamericana, 13 mil de ellos con estatus de refugiado, en 2006 los partes oficiales reflejaron que más del cinco por ciento de las ticas y ticos viven en ese país del norte.

Los emigrados costarricenses se localizan fundamentalmente en las jurisdicciones de Nueva York, Nueva Jersey, Texas y Los Ángeles, y por lo general son oriundos de las depauperadas zonas agrícolas del sur o del oeste de esa nación centroamericana.

Pejibaye, el más extenso distrito rural de Pérez Zeledón, acumula la mayor proporción de desplazados hacia Estados Unidos (20,2 por ciento), seguido por Río Nuevo, con 20 por ciento, y Páramo, con 17,6.

Tan común es la migración en esa región que hasta las universidades la toman como referencia en estudios sobre esta problemática y sus efectos: el 13 por ciento de los adultos de Pérez Zeledón labora en el extranjero, esencialmente en Estados Unidos y Canadá.

Indagaciones de la organización Coope Alianza mostraron además que el 70 por ciento de los emigrados pagan los costos del viaje acudiendo a vías informales de financiamiento como préstamos y venta de propiedades, sin acudir a entidades financieras privadas o estatales.

En sintonía con esa realidad, otra investigación proyectada desde la Universidad de Costa Rica reflejó que los envíos de dinero de los residentes en el exterior beneficiaron a 28 mil hogares en ese país, de los cuales dos mil 300 dependen únicamente de las remesas.

Esto obliga a pensar que, de suspenderse tales transacciones por cualquier motivo, esas familias podrían sumarse al 22 por ciento de los 4,2 millones de ticos reducidos a la pobreza.

El incremento de los emigrados redundó además en que las remesas se acercaran al 18 por ciento, en correspondencia con la tendencia al alza avizorada desde hace más de un lustro por el deterioro progresivo de las condiciones de vida en suelo costarricense.

De 2001 a 2005, los envíos monetarios hacia ese territorio por tal concepto se duplicaron de 184 millones de dólares en el primer año a 400 millones de dólares en el segundo, según estadísticas oficiales.

En el mismo orden, en este período continuó el decrecimiento de la llegada de emigrantes hacia Costa Rica, incluso de los vecinos nicaragüenses.

Este descenso de la afluencia de extranjeros se evidenció en las estadísticas de nacimientos, matrícula escolar y empleos, al punto que varios sectores productivos carecieron de trabajadores de 2003 a 2005.

No obstante algunos cambios en la realidad del otrora paraíso centroamericano, este país sigue resultando atrayente para los interesados en mejorar su suerte en esa área y esto explica que no cese la llegada de extranjeros.

Historiadores recuerdan que este fenómeno data de los tiempos coloniales, cuando Costa Rica era la provincia más olvidada de Centroamérica, con muy escasa población y dispuesta a recibir los flujos migratorios.

Lo novedoso en ese sentido, destacan, es la heterogeneidad avizorada desde finales del siglo pasado y la creciente salida de ticas y ticos hacia el exterior en los últimos años.

El Censo 2000 reflejó que los nacidos en el extranjero y residentes en Costa Rica eran 296 mil 461, cifra equivalente al 7,8 por ciento de la población total: el 50,4 por ciento hombres y 49,6 por ciento mujeres.

Según esa fuente, el 88 por ciento de esos desplazados provenía de cinco países: Nicaragua (226 mil 374), Panamá (10 mil 270), Estados Unidos (nueve mil 511), El Salvador (ocho mil 714) y Colombia (cinco mil 898).

Casi todos estos se concentraban en el Área Metropolitana o en la zona norte de esa nación fronteriza con Nicaragua y se dedicaban de manera indistinta a las labores agrícolas, servicios y construcción, entre otros poco apreciados por los ticos.

El Plan Nacional para el Desarrollo 2002-2006 relacionó que los inmigrantes en pobreza y pobreza extrema se asientan principalmente en los barrios más depauperados de la capital o en ciudades secundarias con bajos soportes de servicios.

Upala, Guatuso y Los Chiles, son algunos de los precarios donde estos se concentran, a los que se suman los capitalinos La Carpio, Pavas, León XIII, Hatillo, San Sebastián y otros cantones periféricos como Alajuelita y Desamparados.

Estas áreas clasifican como las más afectadas por el hacinamiento, los bajos ingresos, la inseguridad ciudadana y la reproducción de condiciones de riesgo social para los grupos más vulnerables, es decir, con baja calidad de vida en general.

La dinámica contradictoria en el plano migratorio y el rejuego entre sus causas y efectos puso de relieve que Costa Rica, más que una transformación legislativa como promovieron algunos en noviembre de 2005, precisa de una política estatal efectiva en ese orden.

La tradicional ausencia de una estrategia respecto al tema y el recrudecimiento de la xenofobia alentaron entonces la derogación de la Ley de Migración Extranjería de 1986 y la aprobación de la Ley Nº 8487, programada para regir desde el 12 de agosto de 2006.

Los cuestionamientos acerca de esa propuesta conllevaron al aplazamiento de su puesta en práctica y a la promoción de un plan de reformas en el seno del ente parlamentario local.

Mas, la definición de los posibles cambios a la Ley No. 8487 continúa pendiente en la Asamblea Legislativa pese a haberse rebasado el período en el que todos los esfuerzos se centraron en determinar el futuro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Los especialistas aseguraron que el marco jurídico aprobado durante el gobierno de Abel Pacheco contiene varios aspectos discutibles y hasta violatorios de los derechos humanos de los emigrados en ese país, porque fortalece los instrumentos coercitivos contra estos.

Este fue gestado en los albores del siglo, en consonancia con el contexto prevaleciente desde entonces: en su sustrato está la lógica de la “seguridad nacional”, promovida desde Washington a partir del presumible atentado contra las torres gemelas neoyorquinas (2001).

Tal iniciativa aumenta las atribuciones discrecionales de las autoridades gubernamentales del sector en nombre de esa estrategia, articulada en base a la supuesta amenaza terrorista e importada por quienes persiguen aniquilar la fuerza del Consejo de Migraciones.

Por su tendencia policíaca, basada en que la afluencia de extranjeros es una amenaza que debe contrarrestarse, tal propuesta fue considerada autoritaria por politólogos, defensores del pueblo y las organizaciones agrupadas en el Foro de Poblaciones Migrantes.

Estos la cuestionaron a su vez por promover la ampliación de las prerrogativas del director de la Dirección General de Migraciones, colocar en un plano de mayor vulnerabilidad a los posibles afectados y alentar con ello las prácticas corruptas y los abusos de poder.

El imaginario anti-inmigrante, orientado esencialmente contra los nicaragüenses y reflejado de la forma más brutal en ese país, abarca también a muchos de los que participaron en los análisis previos a la legitimación de la Ley No. 8487 y ello redundó en sus resultados.

Con antelación, estudiosos de estos asuntos vaticinaron que la aplicación de esa normativa poco o nada resolverá el problema que supuestamente debe solucionar y más bien agravará la conflictividad reinante.

Pese a que el Presidente Oscar Arias la tildó de “draconiana” y “represiva” hasta el cansancio, fueron los diputados y representantes de su Partido de Liberación Nacional y los del Partido Movimiento Libertario los que defendieron la aceptación de su parte más dura.

Mientras las autoridades migratorias insistieron en que incorporaron en la propuesta los aportes de 40 organizaciones civiles que trabajan con ese grupo poblacional, otra es la opinión de los detractores de la legislación aprobada en noviembre de 2005.

El politólogo Alberto Cortés Ramos aseguró que a quienes plantearon objeciones al proyecto de Ley No. 8487, se les desoyó y descalificó porque “buscaban una política migratoria de puertas abiertas sin restricción alguna”.

Entre esas sugerencias se contemplaba la urgencia de definir una política estatal que incorporara la heterogeneidad de aspectos implícitos en un fenómeno socio-económico tan complejo como la emigración.

También, que esta estrategia partiera del presupuesto ético de que el traslado de unas personas de un lugar a otro debe conllevar a una existencia digna y a una mejor y más diversa convivencia humana, en detrimento de turbios intereses.

La decisión de migrar, que parte igual de ticas y ticos sin que los medios de comunicación costarricenses reparen en ello, no debe ser causada por la necesidad de garantizar la subsistencia, sino efecto de una elección individual en un ámbito relativo de libertad, añadieron.

En opinión de estos especialistas, los Estados deben garantizar las condiciones mínimas indispensables para que quienes decidan desplazarse lo hagan en función de su desarrollo individual y no presionados por la ausencia de perspectivas en su territorio.

A pesar de todas esas consideraciones, prevaleció la imposición de cuotas mensuales de pago por parte de los emigrados por los exiguos servicios sociales que les ofrece el Estado en Costa Rica.

Esto puso de relieve el predominio de la xenófoba concepción de que los casi 500 mil nicaragüenses radicados en ese país y otras comunidades de extranjeros colapsan el sistema de seguridad social, alertaron algunos entendidos.

La polémica Ley 8487, cuya entrada en vigor se programó inicialmente para agosto y ahora espera por la implementación de algunos cambios en su articulado, requiere más de 10 millones de dólares para su ejecución.

Según funcionarios de Seguridad, el Estado tendrá que hacer incontables esfuerzos para erogar esa suma, lo que de algún modo benefició a los interesados en el alargamiento de su concreción con ánimos reformadores.

Este aplazamiento favoreció de igual modo a algunos extranjeros radicados en el otrora paraíso centroamericano, que pudieron encaminar la oficialización de su status.

En tanto proseguían los debates acerca de esta problemática, hacia julio se contaban más de 20 mil 847 inmigrantes rechazados en los puestos fronterizos por las autoridades costarricenses y 297 de origen diverso deportados.

El 95 por ciento de los incluidos en la primera categoría eran personas provenientes de Nicaragua, seguidos por panameños y colombianos.

Sin embargo, las propias autoridades admitieron en esos días que los flujos migratorios registrados en los últimos 15 años son una de las causas esenciales del crecimiento de esa nación en varios órdenes.

De manera muy mezquina, esto no se ha reconocido, pero sí, a ello se debe un porcentaje muy importante del desarrollo costarricense: las partes de más alta migración son las más productivas, declaró en julio de 2006 el director de esa carpeta, Mario Zamora.

Transcurrida la primera mitad de este año, trascendió además en Costa Rica que el Ministerio de Seguridad eliminó la visa restringida para los ciudadanos de 102 países, en particular, del extinto bloque socialista europeo.

Las únicas naciones que siguieron limitadas al ingreso o sin autorización para turismo, salvo en casos excepcionales, fueron Cuba, Haití, China, Afganistán, Irán, Birmania, Siria, Corea del Norte, Somalia, Sri Lanka y Palestina.

Entre los más favorecidos se contaban los oriundos de los otrora miembros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Serbia y Montenegro, Croacia, Eslovenia, Estonia, Eslovaquia, Letonia, Rusia, República Checa e India.

¿Acaso se trata del retorno a la política de captación de inmigrantes “blancos y del mundo civilizado” enarbolada en el período liberal?

Un vistazo a esta iniciativa de la administración de Oscar Arias y a la legislación programada por su antecesor para agosto de 2006, posibilita constatar que ambas parecen orientadas más bien a atraer posibles inversionistas y a restringir la migración laboral.

La intención de contener a los desplazados provenientes de las vecinas Repúblicas centroamericanas y de otros países pobres de este hemisferio salta a la vista en ese articulado, al mismo tiempo que su sintonía con la estrategia norteña al respecto.

Al establecer sanciones a quienes alberguen a emigrantes indocumentados, la Ley NO. 8487 impulsará la persecución y denuncia de estos, romperá con las prácticas solidarias y alentará acciones excluyentes.

Los especialistas coinciden en que esa legislación igual se desatiende de tratados internacionales acerca de los refugiados, al violentar el denominado principio de inocencia y aniquilar las regulaciones favorables a los que poseían trabajo o apoyo patronal.

Sólo los vínculos familiares o sanguíneos permiten oficializar el status de los extranjeros en Costa Rica en virtud de esta propuesta, de forma semejante a lo que establecía la derogada Ley de Migración (1986).

Sin concretarse la aprobación de su sustituta, en el semestre final de 2006 comenzó también el cuestionamiento al incremento de varias comunidades latinoamericanas de emigrados y se amenazó con evaluar posibles irregularidades en el otorgamiento de permisos a sus miembros.

Más de 10 mil colombianos, que recibieron avales de refugiado entre 1998 y 2000 a un promedio de 11 por día, fueron investigados con el ánimo de delimitar si cumplían con los requisitos para ser considerados como tal.

De cierta forma, estas evaluaciones rozaron a los ocho mil residentes legales de ese país sudamericano en Costa Rica y a otros que permanecen allí sin documentar totalmente su situación.

Aunque la mayoría de las ticas y ticos defienden en público su complacencia con el hecho de que los emigrados accedan a la educación y salud, un 61,6 por ciento rechazó en una encuesta concederles a estos la oportunidad de arrastrar a sus familias hacia ese territorio.

Peor aún: un 30,4 por ciento de entrevistados por los investigadores de la Asociación Costarricense de Naciones Unidas para los Refugiados consideró que esas personas deberían vivir separadas de los nacionales, sin mezclarse mucho con ellos.

Tal actitud evidencia que en 2006 poco o nada fue superada la visión crítica alrededor de la afluencia de inmigrantes hacia la otrora Suiza de Centroamérica.

La misma postura que condujo a más de un 70 por ciento de sus ciudadanos a aplaudir a los vigilantes que permitieron, con sangre fría, que dos perros despedazaran a un nicaragüense por entrar en una propiedad privada y a justificar el hecho como ejemplo contra los ladrones.

Tampoco en estos meses abundaron los análisis sobre la posible transformación de la Ley No. 8487, lo que unido a la coartación de los espacios democráticos sugiere posibles limitaciones en el proceso que se ansía respecto a esa legislación sobre Migración y Extranjería (2005).

Las autoridades enfrentan el desafío de diseñar un sistema de migración que permita a Costa Rica contener el movimiento ilegal, pero también capaz de impulsar migraciones ordenadas que favorezcan el desarrollo económico y social de esa nación.

Estas estrategias deberán respetar y hacer cumplir los derechos de los desplazados en diversos ámbitos, especialmente en el orden laboral, y enfrentar la demanda de servicios sociales que genera esta población a partir de sus carencias.

De estos factores se deduce que los migrantes seguirán siendo culpados de los efectos de las políticas neoliberales inauguradas hace casi tres décadas y de la depauperación del país que, en otro tiempo, fue la esperanza de los precisados de mejorar o huir de las dictaduras militares.