Las Palmas de Gran Canaria

El miércoles, víspera del Día de los Inocentes, el presidente del Gobierno convocó por carta, remitida por fax, a los presidentes de todas las Comunidades Autónomas a la 3ª Conferencia que se celebrará el 11 de enero en el Senado. Con toda evidencia, Moncloa ha querido, antes de poner en la puerta el cartel de vacaciones, dejar cerrado el encuentro solemne que, en realidad, supondrá el arranque del nuevo curso político.

El PP ha acogido la convocatoria con irritación, que en esta ocasión no es una simple pose retórica: está perfectamente fundada porque el Gobierno ha manejado este asunto con una frivolidad inconcebible, por varias razones. En primer lugar, y puesto que la conferencia de presidentes no es una institución tasada ni tiene apoyatura jurídica alguna, hubiese sido una prueba de cortesía que el Gobierno negociara con el principal partido de la oposición tanto la fecha de la convocatoria como la agenda de la reunión.

En efecto, el fax de Rodríguez Zapatero informa a sus destinatarios de que el Gobierno se proponer tratar en la Conferencia los siguientes asuntos: «investigación, desarrollo e innovación; estado de situación de los recursos hídricos y políticas sobre el agua e inmigración».

La conferencia de presidentes, que se reunirá por tercera vez, es una buena idea que pertenece al repertorio institucional de los regímenes federales y que en nuestro país no tiene encarnadura legal todavía. Parecería natural que su institucionalización, sin duda necesaria, se hiciese a través de la reforma constitucional del Senado, que ambos partidos postulan aunque desde distintas perspectivas. En cualquier caso, la Conferencia debería ser el máximo órgano de coordinación entre Comunidades Autónomas y entre éstas y el Estado, por lo que esta alta función habría de cimentarse en unos procedimientos bien establecidos que facilitasen la toma de decisiones.

Es, pues, totalmente razonable la demanda del Partido Popular, adoptada el jueves en una reunión de consejeros de presidencia de Comunidades Autónomas gobernadas por el principal partido de la oposición, en el sentido de exigir al Gobierno la celebración, previa a la Conferencia del 11 de enero, de tres reuniones sectoriales – inmigración, políticas hídricas e Investigación y Desarrollo – para dar oportunidad al Gobierno a presentar sus propuestas y a los Gobiernos autonómicos ocasión de estudiarlas y llevar una posición definitiva a la Conferencia. Es lo menos que puede hacerse si realmente se quiere que el encuentro del 11 sea algo más que una solemne fotografía.

Se afirma en los mentideros políticos que Zapatero ha pedido a todos sus ministros un esfuerzo de visibilidad para rentabilizar las actuaciones del Gobierno que hayan pasado inadvertidas y preparar así, con salvas espectaculares, las próximas citas electorales. A la vista de la mal planteada conferencia de presidentes, será muy difícil evitar que la opinión pública piense que esta convocatoria apresurada forma parte de los mismos fuegos artificiales.