Diferentes asociaciones hispanas establecidas en Estados Unidos urgieron hoy al Congreso y al gobierno del presidente George W. Bush a priorizar el decreto de una reforma migratoria en 2007.

Una nueva ley sobre inmigración es la clave política para el año entrante, y con ese objetivo los latinos radicados en Norteamérica nos preparamos para una ardua batalla legal, proclamaron grupos cívicos citados por medios de prensa.
Entre las organizaciones demandantes destacan el Proyecto USA de Los Angeles, el Programa de Trabajadores Agrícolas, el Centro Latino de Massachussets, y la Asociación de Trabajadores de Florida (ATF), precisaron las fuentes.
En Estados Unidos viven unos 12 millones de inmigrantes indocumentados, y todos desean que la administración republicana certifique en 2007 una modificación migratoria conducente a la ciudadanía, comentó Tirso Moreno, de la ATF.
Pero no todos apuestan porque sus voces serán escuchadas, y muchos quieren reactivar las manifestaciones pacíficas y las marchas populares por las avenidas de las principales ciudades norteamericanas, añadió el activista.

Estaremos muy atentos a todas las deliberaciones en el Capitolio y en la Casa Blanca, el año próximo es la recta final de nuestro esfuerzo, subrayó el dirigente comunitario.
Congresistas de los principales partidos estadounidenses están encauzados en hacer avanzar un proyecto de reforma migratoria integral antes de fines de mayo venidero, aseguran análisis de prensa.

También el presidente W. Bush presiona a los senadores de ambos gremios políticos para que logren un pacto lo antes posible, y decidan el futuro legal de millones de indocumentados.

Considerando las multitudinarias marchas pro-inmigrantes que se han sucedido en varias urbes de Estados Unidos, el gobernante republicano busca una solución para el debate y una nueva ley migratoria que pueda promulgarse en 2007.
Creo firmemente que la Oficina Oval necesita una iniciativa de norma integral en mi escritorio antes de finales del próximo semestre, subrayó recientemente Bush durante una reunión con reporteros en la Casa Blanca.

El futuro líder demócrata del Senado, Harry Reid, comentó que el Ejecutivo aún debe resolver el dilema de la presión de los conservadores en la Cámara de Representantes, órgano que ya decretó un plan radical anti-inmigrante en diciembre de 2005.

La Cámara baja aprobó una iniciativa que convertiría en delincuentes a los ilegales. Asimismo, volvería delito federal el ofrecerles ayuda o cuidados de salud que no sean de emergencia.