Agencias Bilbao

LA COORDINADORA vasca de ONG de apoyo a inmigrantes Harresiak Apurtuz anunció ayer que denunciará ante el Parlamento vasco la situación de «indefensión institucional» en la que aseguran viven sesenta personas presuntamente estafadas en el pasado proceso de normalización de trabajadores extranjeros. Fuentes de dicha organización explicaron que denunciarán lo ocurrido ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara vasca al considerar que ha habido «una clara lesión de los derechos fundamentales» de esos inmigrantes, que «no han sido atendidos por ninguna institución».

A principios de año, unos sesenta trabajadores inmigrantes denunciaron haber sido estafados mediante la venta de supuestos contratos en empresas inexistentes, en base a los cuales les ofrecían tramitar sus permisos de trabajo y residencia. Según Harresiak Apurtuz, en la trama están presuntamente involucrados desde abogados a intermediarios o empresarios.

La coordinadora, que cifra las estafas en más de 60.000 euros, se personó en defensa de los afectados y exigió a la Administración que activase el mecanismo legal recogido en la Ley de Extranjería, por el que inmigrantes víctimas de redes, empresarios o grupos mafiosos que las exploten, «pueden ser documentadas si colaboran» en su desarticulación.

Las mismas fuentes indicaron que de los cuatro procedimientos judiciales emprendidos por las presuntas estafas, dos se encuentran en tramitación, otro se ha archivado y en el cuarto se ha procesado a la persona acusada.

La coordinadora lamentó que se haya reunido con diversas entidades con resultados «nada fructíferos». Según afirmó, las instituciones «se han estado pasando la competencia unas a otras, perpetuando una situación de bloqueo e injusticia» para los inmigrantes. En concreto, Harresiak Apurtuz acusó de «falta de voluntad» a la subdelegación del Gobierno de Vizcaya por no promover «ninguna investigación»; a la Inspección de Trabajo, que «se inhibió a favor de la Fiscalía»; al ministerio público porque «cursada una denuncia inicial a los Juzgados no ha intervenido ni ha pedido una sola prueba»; y al Poder Judicial porque «salvo una jueza, todo se ha vuelto a dejar en manos de la Administración».

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