el Gobierno vasco muestra su apoyo a las personas afectadas por la venta de contratos inexistentes

Inmigrantes hacen cola en el último proceso de regularización.Foto: i. salas

Donostia. La coordinadora vasca de apoyo a inmigrantes Harresiak Apurtuz anunció ayer que denunciará ante el Parlamento Vasco la situación de “indefensión institucional” en la que viven sesenta personas presuntamente estafadas por la venta de contratos de trabajo inexistentes durante el proceso de regularización que tuvo lugar entre febrero y mayo de 2005.

Fuentes de dicha organización explicaron que denunciarán lo ocurrido ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara vasca al considerar que ha habido “una clara lesión de los derechos fundamentales” de estos inmigrantes, que “no han sido atendidos por ninguna institución”.

El Gobierno Vasco expresó ayer su apoyo a los afectados. En un comunicado, la Dirección de Inmigración se mostró favorable a la petición de dicha comparecencia al entender que estas personas contaban con los requisitos para ser regularizados y “fueron engañados”.

más de 60.000 euros A principios de año, unos sesenta trabajadores inmigrantes hicieron público haber sido estafados mediante la venta de supuestos contratos en empresas inexistentes, en base a los cuales les ofrecían tramitar sus permisos de trabajo y residencia. En la trama, según esta coordinadora, están presuntamente involucrados desde abogados a personas intermediarias o empresarios.

Harresiak Apurtuz, que cifra el monto de las estafas en más de 60.000 euros, se personó en defensa de los afectados y exigió a la Administración del Estado la activación del mecanismo legal recogido en el reglamento de la Ley de Extranjería. Por el momento, de los cuatro procedimientos judiciales emprendidos por las presuntas estafas, dos se encuentran en tramitación, otro se ha archivado y en el cuarto se ha procesado a la persona acusada. La coordinadora de ONG lamentó que se haya reunido con diversas entidades a lo largo del año con resultados “nada fructíferos”.

Desde el departamento que dirige Madrazo tampoco entienden “cómo el Gobierno central no da respuesta a la situación de estas personas” que han cumplido con la ley. >n.g.