¿El Estado tiene ya una real conciencia de la importancia de los emigrantes?

Hay esfuerzos por parte del Estado para asumir los desafíos que implican las migraciones. No solo se han construido propuestas para atender a los ecuatorianos en el exterior, sino también para intentar dar respuestas ante los inmigrantes y refugiados.

Y ¿cuál es esa estrategia?

Lo más consensuado ha sido la construcción del Plan Nacional de Política Exterior (Planex) 2006-2020. El lineamiento básico del Estado es defender el principio de la libre circulación de personas fuera del país o de ingreso. No es que Ecuador incentive la migración; el reto es crear políticas para que no sea irregular.

¿Cómo lograr una migración legalizada?

Uno de los mecanismos, quizá aún de limitada cobertura, son los acuerdos de regulación migratoria con España.

Desde la creación en el 2002 de una unidad técnica de selección de trabajadores se logró que 3 000 ecuatorianos vayan a España con sus papeles en regla. Eso aún es insignificante frente a los más de 2,5 millones de ecuatorianos que viven fuera del país.

Si Ecuador defiende la libre circulación, ¿cómo entender que el Ministro de Defensa hable sobre pedir visa a los ciudadanos colombianos?

Me atrevo a decir que Ecuador muy difícilmente va a evadir responsabilidades en cuanto a la protección de inmigrantes, de los refugiados en particular. Creo que esas declaraciones se dan en un momento de tensión en las relaciones entre Colombia y Ecuador.

Lo lógico sería que Ecuador aplique lo que está pidiendo que hagan otros Estados.

Y eso se hará. Tras un proceso de negociación entre Perú y Ecuador, está por firmarse un acuerdo bilateral de regularización de trabajadores emigrantes peruanos en las provincias fronterizas, además en Azuay y Cañar.

Mirar el escenario interno y trabajar por la protección del trabajador ecuatoriano en el exterior nos permitiría tener a mediano plazo una política integral sobre migraciones.

¿Hay coherencia en la ley nacional sobre migración?

Necesitan ser reformadas, ya que las actuales provienen de los años setenta y fueron aprobadas en el marco de una dictadura. Hay figuras anacrónicas que no tienen relación con la situación actual.

¿Qué aspecto está pendiente con relación al sector?

Resulta necesario que se transparenten procesos como la repatriación de los emigrantes fallecidos. Además, hay que fortalecer el Fondo del Migrante y hacer que los 5 millones de dólares asignados se inviertan en los migrantes.

Y ¿qué se pretende con el Programa de Ayuda, Ahorro e Inversión?

Utilizar los recursos asignados por el Estado para fomentar algunas líneas específicas, entre ellas promocionar la inversión productiva de los emigrantes para crear condiciones de retorno o para desalentar la migración irregular.

Para eso hay algunas iniciativas como un fondo de microfinanzas, otro de asistencia técnica e incluso la posibilidad de crear un fondo de vivienda social para familiares de emigrantes.

¿A quiénes se beneficiará con este programa?

Es destinado a asociaciones de familiares de emigrantes, ONG vinculadas a la migración, gobiernos locales. Con un mapa de la pobreza se definirán las regiones donde aplicar el plan y se evitará entrar en zonas donde ya hay otros planes. El administrador será el Directorio del Plan y la Junta de un fidecomiso, aparte de la vigilancia de la Contraloría y una veeduría ciudadana.

¿Qué desafíos siguen?

El nuevo Gobierno debe analizar si es pertinente crear el Ministerio o Secretaría Nacional del Migrante. Hay que tener claro cuáles serán sus competencias. También me parece interesante el proyecto del Banco del Migrante, para la bancarización de las remesas y se deberá ejecutar el Planex.

¿El plan da importancia a la parte humana del migrante?

Tiene una perspectiva integral. Se habla mucho, por ejemplo, de vigilar el principio de reagrupamiento familiar, aparte de otros aspectos como combatir el tráfico ilegal y trata de personas.

¿Cómo lograr que no quede solo en buenas intenciones?

La tarea es compleja porque implica el involucramiento del Estado y de la sociedad civil con la cooperación internacional. El Congreso Nacional, por ejemplo, debe armonizar la legislación a favor de los emigrantes.

Hoja de VIDA

Pablo de la Vega

Su trayectoria. Presidente del Fondo del Migrante de la Cancillería. Miembro del Centro de Derechos Humanos Segundo Montes.

Su punto de vista. El Estado debe ser coherente cuando se trata de atender a los inmigrantes, si exige respeto para el ecuatoriano en el exterior.