Dos de las principales organizaciones de apoyo a los inmigrantes, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y SOS Racismo, reclamaron ayer al Gobierno español que intervenga para impedir los abusos y expulsiones de refugiados que se han producido en las últimas semanas en Marruecos.

Ambas organizaciones denuncian que las autoridades marroquíes realizaron la noche del 22 al 23 de diciembre una redada en varios barrios de Rabat, en la que de forma violenta detuvieron a unos 250 refugiados de países subsaharianos, muchos de ellos con la solicitud de asilo tramitada, y los expulsaron a la fuerza en la frontera con Argelia.

Las asociaciones consideran que en la redada se vulneraron los derechos de los inmigrantes, que se les vejó y maltrató y creen que este tipo de actuaciones expeditivas se han visto reforzadas por los convenios de represión de las migraciones que España ha firmado con Marruecos.

Según señaló CEAR en un comunicado, los cerca de 250 subsaharianos, entre los que había al menos 79 solicitantes de asilo de Mali y Congo con estatus reconocido por la ONU, fueron expulsados a Argelia por la frontera de Uxda después de haber sido detenidos por la policía marroquí en una. CEAR afirma que la actuación policial se realizó de «manera violenta, con robo de las pertenencias de los ciudadanos subsaharianos, deportación de embarazadas y niños y agresiones sexuales a varias mujeres».

Derechos

La ong exige a los gobiernos europeos que ofrezcan el reasentamiento de estas personas en países de la UE para asegurar el cumplimiento de su derecho a la protección.

En este sentido, recuerda que la UE y España ha suscrito acuerdos migratorios con Marruecos y han puesto en marcha políticas migratorias que «no contemplan la garantía del cumplimiento de los derechos de los migrantes».