Madrid – Ni rastro de autocrítica. La ministra de Fomento, Magdalena
Álvarez, se presentó ayer ante el Congreso sastifecha con la gestión de su
departamento en la crisis de Air Madrid, un escándalo sin precedentes en
la historia de la aviación española por el que se han visto afectados más
de 130.000 usuarios. Y no es que la cronología y los datos que facilitó en
sede parlamentia la propia ministra invitasen a la autocomplacencia. Más
bien todo lo contrario. Un ejemplo: Aviación Civil detectó, ya en mayo de
2006, seis anomalías en el mantenimiento de navegavilidad, pero renovó por
un año el certificado de Air Madrid. Le impuso, eso sí, un plazo para
subsanar las deficiencias hasta el 26 de julio. Pero hay más: a la vista
de que la compañía hizo caso omiso de los requerimientos administrativos,
la dirección general competente cursó una segunda inspección, el pasado
agosto, en la que las seis «discrepancias» de mayo sumaban ya un total de
17. Pues aun así Air Madrid siguió operando con normalidad los meses de
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre hasta que el día 15 de
este mes el Gobierno decidió suspender la licencia, después de que la
compañía de forma unilateral suspendiese las opeaciones.
   Los datos que ayer oficializó la ministra corroboran que ya en agosto
todas las luces de alarma estaban encendidas. ¿Por qué se renovó,
entonces, el certificado? ¿Por qué no se retiró, antes, la licencia? ¿Por
qué se permitió la venta de billetes anticipados? Estas y muchas más
preguntas quedaron ayer sin respuesta que convenciese a los integrantes de
la la Comisión de Fomento que interpeló a Magdalena Álvarez. Lo más que
dijo la ministra fue que la demora en la suspensión de la licencia
obedecía a la voluntad de «no producir alarma social cuando la situación
era aún reconducible».
   Su respuesta no convenció a ningún
partido. Así que el debate parlamentario se saldó con la voz unánime de
todos los grupos que, por una vez y sin que sirva de precedente,
coincidieron en la crítica a un Ministerio que actuó «mal y tarde» frente
a una compañía que acumuló, según datos de la ministra, un total de 21
expedientes en dos años (el 33 por ciento del total de todas las
diligencias abiertas a las aerolíneas por Aviación Civil) y 1.754
reclamaciones de usuarios.
   Pese a ello, la titular de Fomento
defendió en todo momento que, cuando en mayo de 2006 se deteccaron las
primeras anomalías, el informe técnico estimó que se podía renovar el
certificado porque «no había riesgo y las deficiencias eran subsanables».
   «Hemos tomado la decisión cuando hemos creído que la teníamos que tomar»,
respondió Álvarez a los portavoces que le censuraban su falta de
diligencia. La ministra anunció, luego, un incremento de las inspecciones
y «tolerancia cero» en seguridad aérea. De hecho, precisó que en 2006 se
realizarán más del doble de las revisiones que en 2003, fecha en la que se
contabilizaron un total de 3.500. Y también, que estudia denunciar por la
vía penal a los administradores de Air Madrid, después de abrir a la
compañía un expediente de liquidación de gastos para que abone los 6,5
millones de euros que ha costado ya el plan humanitario de vuelos
realizados por el Ministerio. Antes, desveló que llevará a Bruselas una
propuesta para crear un fondo de contongencia que haga frente a las
necesidades de los usuarios en casos parecidos.
   Ni este intento la
salvó de la crítica unánime. La más dura, la del popular Andrés Ayala,
quien además de pedirle la dimisión, la acusó de olvidarse de la
responsabilidad del Gobierno en la garantía de algunos derechos, y le
reprochó su falta de sensibilidad con los inmigrantes. Fue con Ayala con
quien más se encaró la ministra, que no dudó un segundo en desempolvar la
tragedia del Yak – 42 para contraponer el celo de su Gabinete en garantizar
la seguridad de los viajeros con la gestión que en su día hizo el PP.
Igual que el diputado del PP, el portavoz de CiU, Jordi Jané, calificó de
«muy preocupante» que una compañía con el historial de irregularidades de
Air Madrid haya operado durante dos años y de «alarmante» que en
septiembre no se procediera a la suspensión de licencia aún a sabiendas de
que en tres meses se habían triplicado las anomalías. Similares
intervenciones se escucharon desde IU, el BNG e, incluso, desde ERC. Sólo
el PSOE, claro, contrarrestó el unísono vituperio al que fue sometida la
ministra.