Madrid – Allá donde hay dinero, hay ladrones. Y cuanto más dinero se mueve,
más delincuentes revolotean a su alrededor. En la Comunidad de Madrid,
esta ecuación se cumple con especial crudeza. En los primeros seis meses
del año, en la capital y las ciudades donde está desplegado el Cuerpo
Nacional de Policía se cometieron 187.415 delitos y faltas, trescientas
menos que en el mismo periodo del año anterior pero una cantidad, en
cualquier caso, de hechos delictivos muy superior a la de los perpetrados
en la segunda autonomía española más azotada por la criminalidad, la
Comunidad Valenciana, en la que se registraron casi 88.000.
   Pero no
sólo la notable cantidad de crímenes que se cometen en sus calles hace
diferente a Madrid del resto de autonomías. Según fuentes de este cuerpo
policial consultadas por este periódico, «los datos de que disponemos
vienen demostrando que algo más del 60 por ciento de los delitos son
cometidos por delincuentes de nacionalidad española, y el otro treinta o
cuarenta por ciento restante por foráneos». Sin embargo, en la Comunidad
de Madrid, esta tendencia se invierte.
   Nivel de vida
   La riqueza de la región actúa como un poderoso imán para los extranjeros.
En la Comunidad de Madrid, y según los últimos datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE), viven algo más de 695.000 extranjeros,
aunque el recuento de los ayuntamientos eleva tal cantidad hasta los
947.000, según los datos del Gobierno de Esperanza Aguirre. Una importante
colonia en la que se ha infiltrado también un notable grupo de
delincuentes, sin que ello suponga, como se encargan de remarcar otras
fuentes del cuerpo, que la inmigración sea el motivo último del repunte de
la criminalidad de los últimos años. «Los extranjeros vienen, en su gran
mayoría, a trabajar. Luego están los criminales, que comparten la
nacionalidad pero que recalan en España para delinquir por otros motivos
como la laxitud de las leyes nacionales o la bondades del sistema
penitenciario, que hacen mucho más llevadera y corta su estancia en
prisión que en sus países de origen en el hipotético caso de que los
detengamos», añaden las citadas fuentes antes de aclarar que un porcentaje
tan elevado de delitos no conlleva necesariamente igual cantidad de
delincuentes, «que para algo existen los multirreincidentes», comentan con
cierta sorna.
   En los últimos años, las cárceles madrileñas han
empezado a reflejar esta realidad delincuencial. A mediados de marzo, en
los centros penitenciarios de la comunidad había encerrados 2.843
delincuentes extranjeros, que representan casi el 40 por ciento del total
de la población reclusa madrileña. Sin embargo, tal porcentaje no refleja
la realidad de los criminales que operan en Madrid y han sido detenidos.
Ante la falta de espacio que hay en los establecimientos – algunos, como el
de Soto del Real, tienen tras sus barrotes casi al doble de presos de los
que su capacidad teórica permite – , muchos de los convictos extranjeros son
enviados a Castilla y León, donde hay grandes establecimientos con plazas
libres. «Allí, los índices de delitos son más bajos. Y como muchos de los
presidiarios de fuera no tienen nada en España y no es necesario
mantenerlos cerca de sus familias, se les envía allí, que es donde queda
espacio».
   Paradojas de la vida, la misma riqueza que atrae a
los malhechores a la región – porque ya no es sólo la capital la que
soporta las consecuencias de la delincuencia – es la que «ahuyenta» a los
agentes del Cuerpo Nacional de Policía. El elevado nivel de vida y los no
menos altos índices de criminalidad empujan a los agentes a buscar
destinos más cómodos y en los que puedan llegar a fin de mes con su sueldo.
   El constante ir y venir de agentes no ha mermado, sin embargo, la eficacia
de este cuerpo. En el tercer trimestre del año, según datos facilitados
por el Gobierno, se tuvo conocimiento de 40.932 delitos en la región, de
los que el 28,2 por ciento, 11.566, fueron esclarecidos aunque no sólo por
la Policía sino también por la Guardia Civil. En el mismo periodo del año
pasado, el porcentaje se situó en el 27,1 por ciento. Aunque la evolución
de la variable es positiva, todavía está muy lejos del 36,1 por ciento que
arroja la media española.
   En términos absolutos, se practicaron
9.921 detenciones, frente a las 9.650 del año anterior.