Madrid – La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, comparece hoy en el
Congreso para detallar la actuación del Gobierno en la crisis de Air
Madrid. Dos horas después de que comience su discurso, un grupo de
organizaciones se concentrarán frente al Ministerio de Sanidad y Consumo
para reivindicar los derechos de los afectados. Ésta será la primera
manifestación de gran magnitud que se desarrollará con motivo de la
suspensión de la actividad comercial de la aerolínea y el caos aéreo que
provocó.
   Trece asociaciones de consumidores, de inmigrantes y
sindicatos se han unido para hacer un frente común en sus exigencias,
entre las que destacan la asunción de la responsabilidad por parte del
Gobierno y que la Administración Central aborde con «urgencia» la gestión
integral de la crisis que ha supuesto «un drama humano» para miles de
personas. Es decir, pedirán al Ejecutivo que reanude el plan de
emergencia, que finalizó el pasado jueves con escaso éxito. Fomento sólo
recolocó en aviones a un 10% de los afectados.
   El dispositivo
trasladó a unos 5.000 pasajeros «prioritarios» a países latinoamericanos o
Rumanía con aviones fletados o mediante la recolocación de los viajeros en
vuelos de otras aerolíneas.
   El ministerio atendió a unas 53.000
llamadas a través del «call center» y tramitó cerca de 7.000
reclamaciones. Actualmente, el «call center» y la oficina de información
siguen activas.
   Todos los pasajeros de Air Madrid cuyos vuelos han
sido cancelados pueden reclamar ante la compañía el reembolso del coste
íntegro de su billete y, según los casos, el abono adicional de una
compensación económica. La reclamación debe enviarse a las oficinas de Air
Madrid o entregarse en agencias de viajes, touroperadores, aeropuertos
españoles o ante la Dirección General de Aviación Civil.
   El reclamo de estas asociaciones caerá previsiblemente en saco roto, de
acuerdo con las declaraciones pronunciadas ayer por el vicepresidente
segundo, Pedro Solbes. El también ministro de Economía aseguró que el
Gobierno «da por concluida la intervención en el «caso Air Madrid» después
de haber hecho «lo que tenía que hacer», y añadió que, además de las
inspecciones y de «echar una mano» para ayudar a los perjudicados, «no hay
ninguna otra obligación» del Ejecutivo.
   Posibilidad de
compra
   Mientras tanto, el propietario de Air Madrid, José Luis
Carrillo, sigue buscando un comprador para la compañía. El consorcio
turístico alemán LTU se plantea la posibilidad de adquirir parte de la
aerolínea. El gerente de LTU, Jürgen Marbach, viaja a Madrid para
participar, según fuentes del consorcio, en una «conversación informal» en
la que se abordará la posibilidad de una participación en Air Madrid, pese
a la situación financiera en suspensión de pagos.
   El
portavoz de LTU, Marco Dadomo, aseguró que la firma española ocupaba hasta
ahora un sector del mercado en Sudamérica y en el Caribe que es
interesante para el consorcio germano.
   Dimisión
   Pero en España las aguas no parecen volver a su cauce. El presidente de la
Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda,
pidió ayer la dimisión de las ministras de Fomento, y Sanidad por la mala
gestión realizada en la crisis de la aerolínea. La asociación denuncia la
falta de compromiso del Gobierno en la gestión de la crisis y el
incumplimiento de sus deberes legales en la consecución de la efectividad
de los derechos de los consumidores. Según Pineda, «el Reglamento
comunitario 261/2004 otorga a los usuarios de líneas aéreas una serie de
derechos que han sido absolutamente vulnerados por la compañía Air Madrid
desde el pasado 15 de diciembre, sin que desde ningún organismo público se
haya hecho nada para evitarlo, ni tan siquiera para garantizar el
cumplimiento de los más básicos, que en caso de no volar, asisten a los
usuarios». «Entre los derechos más señalados», destaca Pineda, están «el
de asistencia, explicación, información, derecho de reembolso o transporte
alternativo, de compensación y de indemnización».