Hace ahora tres años reseñaba en estas mismas columnas un libro del ex consejero del Gobierno autónomo de Canarias José Carlos Francisco, de título no muy atractivo, pero de contenidos muy preocupantes en aquellas fechas.

Se trataba de Canarias, moratoria y REF, y había sido editado en los últimos meses de 2003 por Ecopress Comunicaciones.

Lo que Francisco venía a contarnos en esas páginas era que el modelo económico canario impulsado desde hacía algunas décadas y basado en los vectores turismo – construcción había tocado techo, y eran a partir de ese momento las Directrices de Ordenación del Territorio y del Turismo, ley que aprobaba el Parlamento de Canarias en el 2003,  las encargadas de racionalizar el freno cuantitativo y cualitativo de ambos sectores en alza hasta los primeros años del nuevo siglo. Francisco también planteaba que no habíamos previsto, con el calado y la intensidad suficientes, la sustitución de ese binomio turismo – construcción por otros sectores productivos dejados al margen, además de los problemas padecidos por el plátano, la competencia del tomate marroquí y la pérdida del banco canario – sahariano, y una ZEC que no terminaba de arrancar, aparte del atraso que sufre Canarias en empleados especializados en alta y media tecnología, lo que había terminado por convertirnos en la región europea más desfavorecida en ese campo, unido todo ello a la persistencia y el descontrol del proceso inmigratorio, intensificado temerariamente desde hacía cinco años. Todavía no habíamos sufrido este 2006 que agoniza.

También nos encontrábamos en el libro de José Carlos Francisco un recorrido por lo que había significado la economía desde la novedosa etapa de autogobierno que se inauguró en 1982, con el primer Estatuto de Autonomía de Canarias como documento jurídico político que nos concebía de una dichosa vez como un solo pueblo, por lo tanto un recorrido por las ideas políticas guiando la economía, y ésta, a su vez, haciendo posible la política. Y encontrábamos además en Canarias, moratoria y REF un diagnóstico nada halagüeño sobre el modelo de desarrollo que tan buenas perspectivas nos ofreció, en cuanto a generación de riqueza y creación de puestos de trabajo, en especial durante el ciclo expansivo que se dio entre 1993 y 2001, y  que a partir de 2002 empezó a entrar en una crisis generalizada.

Las tablas comparativas de lo que era la economía canaria en el año 1977, con un sector primario situado en el 22,2% del total de nuestra dinámica económica, y su descenso, en el año 2000, hasta apenas un 6,3%, contrastado con el sector servicios, que pasa de un 57% en 1977, a un 73,2%, unido al sector de la construcción con un 13,1%, nos da una idea clara de por dónde habíamos ido en cuanto a abandono del campo y de las producciones propias, y de industrias  como la astillera, la conservera o la tabaquera, en favor de una hegemonización casi absoluta del binomio construcción – turismo.

Otro dato espectacular era el crecimiento demográfico, con un aumento de la población entre 1978 y 2003 de un 24%, tres veces más que la media española. Y ya no hablemos de lo sucedido con ese crecimiento demográfico en estos tres últimos años, con una media de incremento anual de unos 50.000 residenciados. Y ya no tan espectacular, sino como juzgaba el mismo José Carlos Francisco, algo mediocre, era lo sucedido con la generación de empleo.

En este sentido, se observaba que la economía canaria generó desempleo no sólo en las etapas de crisis, sino también en las de feliz crecimiento, algo que nosotros hemos encuadrado en buena parte en la economía de saqueo que han padecido las Islas durante esos años de crecimiento, con empresas foráneas explotando el turismo, la construcción, los negocios bancarios, las aseguradoras, el comercio y colocando sus beneficios y sus estrategias fuera de los circuitos económicos de Canarias.

Pero lo más relevante de lo aportado por José Carlos Francisco en el libro en cuestión era la agenda que nos esperaba después de 2003.

Francisco se refería a ella en estos términos: en 2004, en mayo, la Unión Europea se ampliaba con la incorporación de diez nuevos países, casi todos con rentas por debajo de las que ya disfrutábamos en Canarias. En 2005, tendríamos que negociar de nuevo, en ese nuevo escenario de una Europa de veinticinco miembros, el actual régimen de ayudas a las empresas canarias, los artículos 25, 26 y 27 del Régimen Económico Fiscal, con lo que todo ello significaba. En 2006, y en virtud de haber superado la media de la renta europea, estaba claro que los fondos estructurales y las ayudas en cuanto a infraestructuras y formación de capital humano, sufrirían un descenso, si no una desaparición general. Y en 2008, la Zona Especial Canaria, la ventana abierta al sector industrial y comercial, concluía sus incentivos y había que volver a negociar con la Comisión Europea.

Una agenda de alto riesgo que hoy, leyendo los periódicos del 20 de diciembre, si quieren que les diga la verdad, me parece que no empieza a sernos nada desfavorable.

La aprobación, por parte de la Comisión Europea, de la renovación de nuestro Régimen Económico y Fiscal hasta 2013 y la prórroga de la vigencia de la Zona Especial Canaria hasta 2019, unidas al respaldo dado por el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea al nuevo régimen de ayudas a la producción de nuestros plátanos, con un monto de 141 millones de euros anuales para nuestros agricultores a partir de 2007, son noticias muy alentadoras que no deben quedar en la celebración circunstancial sino animarnos a abandonar la improvisación como metodología de trabajo en cuanto a previsiones económicas futuras.

Queda por delante lo que pasará con los fondos estructurales y las ayudas en cuanto a infraestructuras y formación de capital humano a partir de ahora, pero lo logrado este diciembre de 2006 ha de dotarnos de mayor confianza en nuestras propias posibilidades de desarrollo y  bienestar.

De todo lo que observo en la actualidad, me sobra la crispación política que vivimos, la inseguridad ciudadana, el descontrol inmigratorio, el crecimiento de la exclusión social, el paro juvenil, lo difícil que se nos hace diversificar nuestra economía y la poca fuerza científica y tecnológica de nuestro sistema universitario a la hora de respaldar aventuras empresariales de verdadera innovación, y la depredación que seguimos practicando con nuestros entornos medioambientales, a pesar de las vigentes y ya comentadas Directrices.

Pero el balance con el que cierra nuestra economía este año no debiera sino incitarnos a seguir adelante con todo nuestro coraje y toda nuestra imaginación.

Y sería injusto no reconocerle a las tres administraciones comprometidas en todo lo referente al futuro inmediato del REF, la ZEC y el plátano, la comunitaria, con José Carlos Mauricio al frente; la estatal, con Pedro Solbes, y la comunitaria, con la Comisión correspondiente, el acierto de una cooperación cuyos frutos están hoy a la vista.