Alrededor de 180.000 extranjeros trabajarán de forma legal en España en 2007. De ellos, 27.034 serán inmigrantes no comunitarios con contrato indefinido, para los que el Gobierno fija un cupo anual. El resto son temporeros. Búlgaros y rumanos deberán esperar dos años para acceder libremente al mercado español. El Gobierno fijó ayer en 27.000 el cupo de extranjeros no comunitarios que podrán venir a España a trabajar de forma legal en 2007. La cifra supera de largo –un 60 por ciento más– los 16.878 que el Ejecutivo permitió en el año 2006. Estas personas deberán ser contratadas en origen para realizar “empleos con vocación de estabilidad”. Los beneficiarios serán, por tanto, inmigrantes de fuera de la Unión Europea que acrediten tener un contrato indefinido, y no los que dispongan de una oferta para un trabajo temporal.


El acuerdo al que el Ejecutivo dio luz verde establece exactamente la cifra provisional de 27.034 puestos “de carácter estable”, cifra que puede ser objeto de modificaciones a lo largo del año según la evolución del mercado de trabajo. Los permisos otorgados por esta vía tendrán una duración no inferior a un año. Los trabajadores serán seleccionados en sus países a partir de ofertas de las empresas, aunque el convenio también contempla la posibilidad de tramitar ofertas nominativas.


Sólo tendrán acceso a los puestos personas que residan fuera de España. Según el Ministerio de Trabajo, en la determinación del número y las características de las ofertas participan la Secretaría de Estado de Inmigración; el Consejo Superior de Inmigración –en el que están representados sindicatos y empresas– y la Comisión Interministerial de Extranjería. La inmensa mayoría de estas las ofertas, más de 20.000, serán para trabajar en empresas de Madrid y Cataluña.


Además del contingente anual, el texto fija las normas para los trabajos de temporada, para los que no existe ninguna cifra a priori. Las ofertas temporales podrán formularse para atender las actividades de temporada o campaña (con una duración máxima de nueve meses) o bien de obra o servicio, que no podrán durar más de un año. De esta opción se beneficiarán unas 61.000 personas, y otras 92.000 firmarán contratos individuales nominativos. En total, serán 180.000 los extranjeros que accederán al mercado de trabajo español.


El acuerdo prevé también conceder 455 visados para la búsqueda de empleo en el servicio doméstico, y otros 500 a hijos y nietos de personas de origen español. Los beneficiarios de estos permisos tendrán, una vez en España, un máximo de tres meses para buscar empleo.


Rumanos y búlgaros

El Gobierno estableció además, a propuesta del Ministerio de Trabajo, una moratoria de dos años, que entrará en vigor el 1 de enero de 2007, a la libre circulación de trabajadores procedentes de Rumania y Bulgaria, países que ese día entrarán en la UE. Transcurrido ese período, las personas de estos países podrán trabajar en España en iguales condiciones que los demás trabajadores comunitarios.


El acuerdo adoptado por el Ejecutivo contempla la posibilidad de que reducir este período transitorio, si la evolución del mercado español de trabajo lo aconseja. Por ello, al final del primer año el Gobierno evaluará, junto a empresarios y sindicatos, sus efectos, y decidirá si debe continuar o finalizar.