MADRID. DV. Asociaciones culturales y de inmigrantes, tanto del ámbito latinoamericano como de Rumanía, el sindicato USO y la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) convocaron ayer la que pretenden que sea la primera gran movilización para la defensa de los intereses de los damnificados por la crisis de Air Madrid. Las organizaciones aspiran a reunir el próximo miércoles, día 27, frente al Ministerio de Sanidad y Consumo al máximo número de personas posible para denunciar la situación de los clientes de la aerolínea, que el pasado día 15 suspendió su actividad y que el pasado jueves solicitó ante un juzgado de Madrid el concurso de acreedores. Mientras, los empleados de la firma han comenzado a organizarse y han creado una asociación a través de la que defender sus intereses legales.

Las asociaciones convocantes de la concentración mostraron su preocupación por «el drama humano de las decenas de miles de personas afectadas, que han sido abandonadas a su suerte en los aeropuertos de varios países», según expresaron en un comunicado. El manifiesto exige al Gobierno que «asuma su responsabilidad y aborde con urgencia una gestión integral» del problema. Para ello reclaman la intervención de los ministerios de Fomento, Sanidad y Consumo, Economía, Trabajo y Asuntos Sociales y Asuntos Exteriores y Cooperación. Del mismo modo, piden para los afectados una información «clara, real y concisa» tanto por parte de Air Madrid como de las autoridades tras lo que consideran una mala gestión del problema, rodeada de «desinformación y descoordinación». En este sentido, está previsto que la responsable de Fomento, Magdalena Álvarez, comparezca en el Congreso el mismo día de la movilización para dar cuenta de los pasos seguidos por su gabinete y por Aviación Civil, responsable directa de la suspensión de la licencia de operador aéreo de la compañía.

Insolvencia

Los empleados de la aerolínea, comenzaron ayer a retirar de las oficinas de la compañía los formularios con información personal que permanecían en poder de la misma y que son necesarios para «comenzar a buscar trabajo lo antes posible». La plantilla, que no contaba con ningún comité de empresa pero sí con una cláusula de confidencialidad en sus contratos, ha comenzado a organizarse.

Más de un centenar de trabajadores han pagado cinco euros de suscripción por persona (destinados al pago de una defensa jurídica) y se han sumado a la Asociación de Trabajadores de Air Madrid (ATAM). El próximo miércoles celebrarán su primera asamblea.

Los proveedores de Air Madrid, por un lado, y la propia empresa, por otro, han iniciado los trámites ante los tribunales para declarar la insolvencia de la aerolínea y abrir un concurso de acreedores. Lo más probable es que reclamen los 7,5 millones de euros procedentes de la venta de billetes en el mes de noviembre y que permanecen bloqueados en una cuenta especial de la Asociación Internacional de Aerolíneas (IATA, por sus siglas en inglés). Harán recuento de las deudas y pagarán a los acreedores. Pero puede que no todos cobren, pues primero recibirán su dinero los propios administradores; después, Hacienda y la Seguridad Social; si queda dinero, los trabajadores y, por último, los clientes. COLPISA