Se darán 1.000 visados para buscar empleo en el servicio doméstico y a hijos y nietos de españoles Unos 180.000 trabajadores extranjeros de países no europeos podrán entrar en España durante el próximo año para trabajar, tras ser contratados en sus países de origen, según acordó ayer el Consejo de Ministros.

A propuesta del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera – tras haber consultado a las comunidades autónomas, ayuntamientos, sindicatos, empresas y Consejo Superior de Inmigración – , el Gabinete socialista dio luz verde a la entrada de 27.034 trabajadores desde fuera de la Unión Europea, unos 10.000 más que este año, cifra que podrá ser modificada según las necesidades del mercado laboral.

A ese contingente hay que añadir otros 92.000 inmigrantes que podrán ser contratados de manera individual para trabajar en España, más otros 61.000 contratados para una temporada que no tiene por qué ser de un año.

La fórmula del contingente permite contratar en sus países de origen a gente que no reside en España, pero que vendrá a desempeñar empleos con carácter estable.

Según el acuerdo aprobado ayer por el Consejo de Ministros, los empresarios españoles podrán presentar ofertas para contratar a trabajadores en campañas de un máximo de nueve meses dentro de 12 o bien para realizar una obra o servicio inferior a un año.

Las comunidades donde el Gobierno ha previsto que aceptarán a más trabajadores no comunitarios son Madrid (10.713 contratos) y Cataluña (9.694). Detrás se sitúan, a considerable distancia, Galicia (1.285 contratados), Comunidad Valenciana (1.260), Aragón (736), Andalucía (717), Castilla y León (538), País Vasco (510), Navarra (383), Castilla – La Mancha (394), Baleares (304), Murcia (271), Cantabria (128), Extremadura (55), Asturias (26) y Canarias (20).

El acuerdo también incluye conceder 455 visados para la búsqueda de empleo en el servicio doméstico, y otros 500 para los hijos y nietos de españoles. Quienes obtengan esos visados tendrán tres meses de plazo para emplearse.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que el Gabinete de Rodríguez Zapatero también acordó que los trabajadores de Rumania y Bulgaria queden sometidos a una moratoria de dos años, a contar a partir del 1 de enero, antes de poder circular con libertad por España.

Con esta medida, según la vicepresidenta De la Vega, el Gobierno pretende acelerar «dentro de unos márgenes realistas» la entrada en vigor de la libre circulación de personas que existe dentro de la Unión Europea, siempre de acuerdo con las directrices de la UE y con el apoyo de los sindicatos, trabajadores y empresarios.

Al finalizar el primer año de ese período de moratoria a la libre circulación de ciudadanos búlgaros y rumanos, el Ejecutivo contactará con los interlocutores sociales para evaluar los efectos que ha tenido su aplicación. Según el resultado de dicho análisis, se decidirá prorrogar la medida un año más o ponerle fin de forma inmediata.

De la Vega añadió que tanto la moratoria como el contingente de trabajadores no comunitarios que pueden ser contratados, son medidas «acordes con la voluntad del Gobierno de tener una inmigración legal y ordenada».