Santa Cruz, 20 dic (ABI).- La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) denunció como actos de racismo y atropello en contra de los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia, lo sucedido el fin de semana pasado en diferentes poblaciones del departamento de Santa Cruz donde se cometieron actos de vandalismo contra inmuebles y habitantes de esas localidades.

En un documento dirigido a los organismos nacionales e internacionales encargados de velar por el respeto a los derechos humanos de las personas, el Cidob indica que “los nefastos hechos ocurridos en las Provincias Guarayos y Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz, contra sus pobladores chiquitanos y guarayos y contra las oficinas de sus organizaciones regionales, muestra al mundo que en Santa Cruz los grupos de poder desde la Prefectura, las Sub Prefecturas y desde los Comités Cívicos del Departamento están ejerciendo actos genocidas y de exacerbado racismo contra los pueblos indígenas”.

Detallan también algunos de los abusos que se cometieron a partir del 15 de diciembre de 2006 en las localidades de San Julian, Guarayos, San Ramón, San Javier y Concepción en el Departamento de Santa Cruz.

“Se procedió a atentar contra la vida e integridad física de los dirigentes de los pueblos indígenas de las localidades de San Javier, Concepción y Guarayos y a la destrucción de las oficinas, equipos y vehículos de la Central Indígena Paiconeca de San Javier y de la Central Indígena de Comunidades de Concepción y contra dirigentes y pobladores de la localidad de Guarayos son a consecuencia del afán divisionista y racista que está impulsando la Prefectura y el Comité Cívico del Departamento de Santa Cruz”, se denuncia en el comunicado.

Indican también que desde la Prefectura cruceña y el Comité Cívico Pro Santa Cruz “se está promoviendo un discurso racista y de intolerancia, contra los indígenas y contra los ‘collas’, atentando contra la democracia, contra el derecho a la libre expresión, la libertad de prensa y contra el derecho a disentir, puesto que la persona u organización que no se manifiesta a favor de las autonomías y los 2/3 es marginada, atacada y amenazada verbal y públicamente”.

Agregan que para evidenciar esa situación basta con revisar “el contenido de los medios de comunicación, en los que se expresa el odio hacia los indígenas y campesinos de este Departamento”.

La denuncia continúa indicando que “en Santa Cruz se ha secuestrado la libertad de expresión de indígenas, campesinos y ciudadanos de los barrios pobres de Santa Cruz, ya que los medios de comunicación se encuentran en manos de los grupos de poder, los que solo brindan cobertura a los representantes de la Prefectura y del Comité Cívico los que hablan a nombre de todos los habitantes de esta región”.

“Cuando se entrevista a los dirigentes sociales sólo publican o sale al aire lo que a ellos les parece, recortando y tergiversando las declaraciones de los dirigentes de las organizaciones sociales”, añade el Cidob.

Se añade que “en Santa Cruz, la democracia ha sido secuestrada por los grupos de poder, pues ninguna persona u organización puede disentir públicamente contra lo que impone la Prefectura y el Comité Cívico, ya que inmediatamente lo tildan de ‘masista’, ‘colla’, ‘indígena traidor’, ‘anticruceño’”. Prueba de ello es que en la Av. Monseñor Rivero al pie del Cristo Redentor han colocado una horca para ajusticiar a los ’traidores’", sostienen.

Reiteran que en diferentes provincias cruceñas “la barbarie continua pues grupos fascistas están quemando las oficinas de las organizaciones indígenas y campesinas y bajo amenaza de muerte mediante linchamiento están haciendo firmar a los dirigentes indígenas y campesinos compromisos de lealtad y fidelidad con los mandatos del Cabildo y los Planteamientos de la Prefectura y del Comité Cívico Pro Santa Cruz”.

En el documento, los indígenas del oriente boliviano anuncian que se declaran en emergencia y piden al gobierno central y departamental les garanticen la vida y la seguridad de sus dirigentes y de los bienes de sus organizaciones regionales. Al mismo tiempo responsabilizan directamente de los hechos lamentables al Prefecto Rubén Costas y a la dirigencia del Comité pro Santa Cruz.

El documento concluye pidiendo que se acabe con la violencia racista y reclama respeto a quienes se dicen demócratas, pero actúan sin respeto a la Ley.
Om/jca ABI