Salhaketa cree que hay una consigna para que “los muertos de la prisión de Álava se trasladen a Donostia” Salhaketa cree que hay una consigna para que “los muertos de la prisión de Álava se trasladen a Donostia”

Imagen de uno de los pasillos del centro penitenciario de Martutene.Foto: cedida

Donostia. Las asociaciones SOS Racismo, Salhaketa y Arratz exigieron ayer la destitución del director de la cárcel de Martutene, Jaime Leiva, al entender que la muerte del joven Abdel Karim el Ddah, que falleció ahorcado el sábado pasado en el centro penitenciario de Donostia, “no sólo era evitable”, sino que “la dirección del centro tiene una responsabilidad directa en ella”.

Abdel, de 23 años y nacionalidad saharaui, había permanecido en situación de prisión provisional en la cárcel alavesa de Langraitz por una pelea en la que se vio implicado. Fue juzgado por ello el pasado mes de octubre y decretaron para él dos años de cárcel. Posteriormente fue enviado a Martutene.

César Manzanos, representante de la asociación de apoyo a personas presas, Salhaketa, denunció ayer ese traslado a Donostia, a pesar de que el joven había sido condenado en Vitoria. Según explicó, existen en este último centro programas de diagnóstico más precisos para enfermedades mentales como la que el joven padecía, lo que “podría haber evitado” el fatal desenlace.

El sociólogo interpretó esta línea de actuación como una nueva estrategia de Instituciones Penitenciarias. “Algo está cambiando. Antes los presos se nos morían en Nanclares y ahora lo hacen en Martutene”, alertó. La cárcel alavesa se ha situado “en el ojo del huracán” y las asociaciones creen que existe la consigna de que, “sea como sea”, no muera ningún recluso más en ella.

uso bélico del derecho A pesar de que el joven Abdel Karim ya había cumplido un año y medio de condena, no disfrutó en ningún momento del régimen abierto que contempla la ley. Y no lo hizo, según Manzanos, por lo que calificó como “uso bélico y racista del derecho”. El caso de Abdel es una nueva crónica de una “muerte anunciada”, según definió ayer en rueda de prensa en Donostia el portavoz de Salhaketa, que estuvo acompañado por Agustín Unzurrunzaga, representante de SOS Racismo en Gipuzkoa, José María Larrañaga, de la Asociación Arratz, y Mohamed el Ddah, primo del fallecido.

Los portavoces de estas plataformas recordaron ayer que son ya 22 las personas muertas en los dos últimos años en los centros penitenciarios de Euskal Herria y los reclusos vascos que han fallecido en otras prisiones del Estado. “Lo mismo que exigimos en su día la destitución del director de Nanclares, hasta que lo conseguimos, exigimos ahora la del máximo responsable de la cárcel de Martutene, porque estamos hartos de ver morir a la gente”, denunció Manzanos visiblemente enojado.

Larrañaga, representó a la Asociación Arratz, agrupación que trabaja a favor de los presos y que visita dos días por semana Martutene. Hasta hace poco, según explicó, los miembros de este colectivo accedían sin problemas al recinto, pero desde hace un tiempo han sido vetados y deben contentarse con quedarse en la ventanilla de entrada para desarrollar su actividad. “Tuvimos contacto con Abdel Karim, pero no se pudo hacer nada”, lamentó.

Larrañaga calificó la cárcel de Martutene como “una de las más masificadas del Estado” en proporción a sus dimensiones. Aseguró que la falta de recursos existente y la barrera idiomática que se levanta a diario entre los reclusos extranjeros hace que éstos se hayan acostumbrado a “buscarse la vida” debido a la ausencia de mediadores culturales. El primo del fallecido Abdel, Mohamed, solicitó que se instaure la figura del imán (encargado de presidir la oración canónica musulmana) en las cárceles para facilitar la comunicación del colectivo musulmán con los funcionarios.

Los portavoces de estas asociaciones no entienden cómo es posible que ante esta situación Martutene disponga tan sólo de dos trabajadoras sociales, una de ellas además a media jornada. Y lo entienden menos aún al observar el crecimiento de la patología mental que se está operando. “Hay un vacío tremendo en esta materia”, denunció Agustín Unzurrunzaga, quien recordó a Charity Odege, la mujer que apareció el año pasado ahorcada de un árbol en el Hospital Donostia veinte minutos después de haber recibido el alta médica.

Ése era el caso de Charity, el de Abdel, y el de “tantos otros”. En el Estado se calcula un incremento anual de 5.000 reclusos, en gran medida, porque las condenas son cada vez mayores. Se calcula que actualmente uno de cada diez presos presenta algún tipo de patología mental en el País Vasco. Los reclusos se van “demenciando, y lo que ha ocurrido con este joven es el ejemplo más claro, una demostración de que los problemas no se solucionan y se tiende a meter siempre la mierda bajo la alfombra. Tenía que haber disfrutado de un régimen abierto”, resaltó.

a pastillazo limpio Criticaron además que, frente al incremento de este tipo de patologías duales, el tratamiento que reciben estas personas es a base de “pastillazo”. “Les dejan abotargados todo el día, pero sin ofrecerles ninguna solución”, dijo Larrañaga. El portavoz de Arratz relató que reclusos drogadictos llegan a administrarse la medicación de otros compañeros en tratamiento.

El propio Ararteko se ha manifestado reiteradamente en este sentido, apuntando a la escasa atención psiquiátrica que se presta a este colectivo. Ante esta situación, las asociaciones creen que Osakidetza podría hacer más de lo que ha hecho hasta ahora, pero no apuntan a ella como responsable directa de esta situación. “El problema es que estamos pagando con cargo a nuestra Sanidad lo que no hace Instituciones Penitenciarias, que es la competente en esta materia”, señalaron.

El portavoz de Salhaketa insistió en que el equipo de diagnóstico para este tipo de patologías que existe en Nanclares podía haber sido suficiente para prestar la atención que necesitaba el joven saharaui que perdió la vida el sábado. “¿Por qué lo llevaron a Martutene?”, se preguntó.

Lo que resulta más grave en todo este proceso, añadió, es la “política de ocultamiento y retraso” en la información pública sobre las muertes que se vienen registrando en las cárceles vascas, y la “nula iniciativa” de actuación por parte de las autoridades judiciales competentes para esclarecer las circunstancias de estos fallecimientos. Los muertos son casi siempre personas jóvenes y en la mayor parte de casos pierden la vida por causas no naturales.