México, D.F. De los 604 mexicanos detenidos en el operativo migratorio “Wagon Train” en Estados Unidos, la enorme mayoría 508 ya fueron deportados; 62 continúan detenidos hasta tener procesos legales en virtud de solicitar una audiencia frente a un juez, y 11 más enfrentan cargos penales, ya sea por robo de identidad, uso de documentos falsos, o por contar con antecedentes penales.

Otras 13 personas, principalmente madres cuyos hijos habrían quedado desamparados, han sido “liberadas provisionalmente” para tener sus procesos legales el mes entrante y estar así en condiciones de cuidar a sus hijos menores de edad.

De acuerdo con la información recabada por los Consulados de México en Albuquerque, Dallas, Denver, El Paso, Laredo, Nogales, Omaha, Salt Lake City, Saint Paul y San Diego, se ha hecho todo lo posible por salvaguardar los derechos e intereses de los nacionales afectados por el autodenominado operativo migratorio “Wagon Train”, aplicado el pasado 12 de diciembre por el Departamento de Seguridad Interna (DSI) de los Estados Unidos, con el argumento de combatir una amplia y poderosa red de falsificadores de documentos y traficantes de personas.

En las redadas, ejecutadas en las plantas de la compañía “Swift” en varias entidades de Estados Unidos -“casualmente” al final del año cuando los patrones deben cubrir mayores salarios a sus empleados por diversos rubros-, fueron detenidos casi mil 300 indocumentados, de los cuales 604 son de nacionalidad mexicana.

De ellos, 518 ya se encuentran en territorio nacional luego de que fueron deportados, incluso sin cobrar sus últimos salarios ya devengados.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en las visitas a las comunidades donde se encuentran las plantas de la compañía “Swift”, simultáneas a las realizadas a los centros de detención, funcionarios consulares, acompañados de abogados consultores de la Red Consular, se han reunido con familiares de los afectados, organizaciones comunitarias y eclesiásticas, autoridades del Departamento de Trabajo y autoridades locales, a fin de coordinar conjuntamente la asistencia que múltiples instancias brindan a quienes de una forma u otra resultaron afectados por el operativo.

En las entrevistas con nuestros nacionales detenidos, además de verificar su estado de salud y que las condiciones de su confinamiento se apeguen a los estándares obligatorios en materia migratoria, se les proporcionaron elementos básicos sobre los derechos y opciones que les brinda la legislación aplicable y se les informó de la posibilidad de acudir ante un juez migratorio, derecho cuyo ejercicio resulta estrictamente individual y voluntario.

En los casos en los que el personal consular ha advertido situaciones lesivas y graves para nuestros nacionales, se ha sometido a la consideración y análisis de los abogados consultores los casos individuales, con el objeto de que brinden su opinión jurídica informada, con la anuencia de los nacionales en dicha circunstancia, según dijo la cancillería.

“Las representaciones involucradas continuarán con el seguimiento puntual a estas acciones de protección y a las estrategias legales y judiciales de carácter individual y colectivo, que podrían presentarse ante diversas entidades públicas y privadas de ese país”.