El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, hizo público ayer un estudio en el que refleja que en materia de inmigración aún hay que adecuar y mejorar muchos procedimientos administrativos para que trabajadores que están regularizados no se queden sin papeles.

EFE, Madrid

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, denunció ayer que cerca del 15 por ciento de los más de 577.000 inmigrantes regularizados en el proceso extraordinario de 2005 no pudieron renovar sus permisos porque los criterios exigidos son “completamente restrictivos”.

Carnicer hizo esta denuncia en una rueda de prensa en la que, junto al presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, y al presidente de la Subcomisión de Extranjería del CGAE, Pascual Aguelo, presentó un sondeo sobre Extranjería y Asistencia Jurídica.

En la presentación del estudio, Carlos Carnicer explicó que, en materia de extranjería e inmigración, las instituciones del Estado “funcionan”, pero que ante un fenómeno como éste, “absolutamente desconocido por su magnitud”, todavía hay que “adecuar y mejorar muchos procedimientos administrativos” para que trabajadores que están regularizados no se queden sin papeles.

Exigencias.- Pascual Aguelo explicó que los criterios del reglamento de extranjería son tan restrictivos que establecen que, para renovar el permiso de trabajo, el inmigrante debe permanecer en la misma actividad laboral por la que consiguió el permiso, algo que cerca de 87.000 inmigrantes no consiguió (el 15 por ciento de los más de 577.000 regularizados en 2005).

“Ese criterio es excesivamente restrictivo de trabajo, especialmente en un país en el que la inestabilidad laboral está completamente institucionalizada”, denunció Carnicer.

No obstante, Aguelo aseguró que la mayoría de esos 87.000 inmigrantes que “volvieron a caer en la irregularidad” pudieron resolver su situación en los tribunales porque llevaban más de tres años en España (arraigo).

Asimismo, Carnicer recordó que hay otros aspectos, provocados por la desinformación de los inmigrantes, que causan situaciones tan “inhumanas” como no poder ayudar a un inmigrante con derecho de asilo únicamente porque “por miedo o desconocimiento de sus derechos” no ha querido precisar el país del que procede o su situación de represaliado allí.

Por eso, Carnicer abogó por dar una mayor formación a los abogados que prestan asistencia jurídica a los inmigrantes, por una mayor colaboración entre este colectivo y el Ministerio del Interior, y por hacer “campañas de información” en los países de origen de los inmigrantes para explicarles que “sus derechos básicos fundamentales están garantizados y que no tienen nada que temer”.

Sobre el estudio, hecho sobre una muestra de 600 entrevistas, José Juan Toharia explicó que, en general, los ciudadanos creen que la gente trata muy bien a los inmigrantes (el 60 por ciento).