El 63% de los españoles creen que sólo los inmigrantes legales deben tener los mismos derechos y obligaciones que los nacionales. Es la principal conclusión del primer barómetro sobre la percepción de la extranjería realizado por el instituto Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía Española (CGCA) presentado este martes.

El estudio, basado en 600 entrevistas realizadas en noviembre, no pregunta de qué derechos deberían gozar los miles de sin papeles que se encuentran en España. Actualmente, los clandestinos tienen los mismos derechos que los extranjeros legales, a excepción de los derechos a la huelga, manifestación, asociación y sindicación.

La encuesta del CGCA también recoge las quejas de los ciudadanos por la supuesta permisividad de las autoridades con la inmigración clandestina. Casi la mitad de los encuestados (el 42% opina que el Gobierno es demasiado blando con los irregulares que llegan al territorio nacional. Un 32% cree que la política de extranjería es adecuada y sólo un 12%considera que la actitud de las autoridades frente a los sin papeles es demasiado dura.

Son mayoría (un 63%) los entrevistados que piensan que los españoles tratan bien o muy bien a los inmigrantes, tanto legales como clandestinos. Uno de cada cinco responde que los extracomunitarios son tratados regular y únicamente un 13 por ciento sostiene que en España las personas migrantes son acogidas mal o muy mal. La encuesta también compara la acogida a los inmigrantes con la que tuvieron los españoles cuando marcharon a otros países europeos hace cuarenta años para ganarse la vida.

El 36% cree que a los extranjeros se le trata mejor que en los años 60 a los españoles emigrados. Un 23% apunta que el trato es similar al de entonces y un 17 % asegura que los emigrantes españoles fueron mejor acogidos.

Las instituciones públicas también salen bien paradas. Tres de cada cuatro españoles (un 73%) piensan que las administraciones dan una asistencia adecuada a los recién llegados. Frente a ellos, sólo uno de cada cinco ciudadanos dice que las instituciones no hacen todo lo que deben para integrar a los inmigrantes. Finalmenete, la Abogacía sostiene que unos 85.000 inmigrantes han vuelto a la ilegalidad por problemas burocráticos.