Madrid – A golpe de avalanchas en las vallas de Ceuta o Melilla y de
oleadas de cayucos en las costas canarias, la inmigración ocupa ya desde
hace varios meses el primer lugar entre los principales problemas de la
sociedad. Atajar el constante goteo de inmigrantes que entran de manera
ilegal en España se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios del
Gobierno, pero el 42 por ciento de los españoles opina que, por ahora, las
iniciativas del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para conseguirlo
son demasiado permisivas.
   Ésta es una de las conclusiones del
estudio sobre Extranjería y Asistencia Jurídica elaborado por Metroscopia
para el Consejo General de la Abogacía Española, que no obstante refleja
una clara divergencia de criterio acerca de la rigidez de las normas entre
los consultados. Así, el 32 por ciento considera que la legislación actual
es la adecuada, e incluso un doce por ciento entiende que es «demasiado
dura».
   Según los datos de la encuesta, el 63 por ciento de los
consultados estima que los españoles tratan bien o muy bien a los
inmigrantes , frente al 13 por ciento que detecta una actitud mala o muy
mala hacia los extranjeros. De hecho, esta percepción positiva hace que la
mayoría asegure que a los extranjeros se les trata en España mejor (36 por
ciento) o igual (23 por ciento) que a los españoles que emigraron durante
la dictadura a distintos países. En cuanto al reto de la integración, el
73 por ciento opina que las autoridades actúan adecuadamente para
facilitar a las cosas a los recién llegados, mientras que el 19 por ciento
piensa que con los mecanismos actuales no es suficiente.
   El estudio
también deja algunas conclusiones contradictorias. Así, dos de cada tres
encuestados (el 63 por ciento) piensa que sólo los inmigrantes legales
deben tener los mismos derechos y obligaciones que los nacidos en España
frente al exiguo 34 por ciento que extiende este supuesto a todos los que
entren en el país, aunque sea de manera ilegal. Sin embargo, cuando se
pide opinión sobre el derecho de asistencia jurídica gratuita que tienen
todos los inmigrantes sin excepción – una circunstancia que desconocía el
63 por ciento de los consultados – , a un abrumador 80 por ciento le parece
bien o muy bien que los abogados no tengan en cuenta si hay o no papeles a
la hora de prestar sus servicios.
   «Se trata de ir conociendo datos
sobre la percepción que tiene la gente de la inmigración para ir
adecuándola con la realidad», explicó Carlos Carnicer, presidente del
Consejo de la Abogacía. Y es que, frente a ese mayoritario 42 por ciento
que critica la permisividad del Gobierno a la hora de afrontar el
fenómeno, Carnicer esgrimió los criterios «completamente restrictivos» que
han provocado que el 15 por ciento de los más de 577.000 inmigrantes que
regularizaron su situación en 2005 no hayan podido renovar el permiso de
residencia, «por lo que vuelven a estar sin papeles». Pascual Aguelo,
presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo, explicó que el
requisito fundamental para renovar era mantener la misma actividad laboral
para la que habían sido autorizados durante seis meses. «Pero el criterio
era tan cerrado que, por ejemplo, a un limpiador de ventanas que perdió su
trabajo y se colocó en otra empresa de limpieza se le denegó el permiso.
No se puede exigir eso cuando hay tanta inestabilidad laboral», señaló.
   Pese a todo, la mayoría de los casi 90.000 afectados han podido arreglar su
situación bien gracias al procedimiento de arraigo o a través de demandas
en los que los jueces les han dado la razón. No en vano la labor de los
Colegios de Abogados con los inmigrantes que tienen problemas legales
recibe una valoración de 5,7 puntos, «que es bastante alta».