«Los derechos de las personas no deberían depender de haber nacido 1.000
kilómetros arriba o abajo de determinado punto geográfico». Con este punto
de partida, Carlos Carnicer se declaró «razonablemente satisfecho» del
trabajo realizado para mitigar el drama de la inmigración ilegal, aunque
reconoció que «la asistencia posible, en este momento, no es lo deseable».
Entre los asuntos prioritarios a mejorar, Carnicer destacó el objetivo «de
que no se nos escape ninguna persona con derecho a asilo político por
sufrir represalias en su país». El presidente del Consejo de la Abogacía
explicó que muchas veces es extremadamente difícil identificar los
posibles casos «porque los inmigrantes recelan y no quieren dar datos que
puedan servir para permitir su extradición». También hubo un pequeño tirón
de orejas a las administraciones en relación al control de entrada en las
fronteras con Francia, «en las que a veces los derechos no están
suficientemente garantizados».