El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, denunció ayer que cerca del 15% de los más de 577.000 inmigrantes regularizados en el proceso extraordinario de 2005 no pudieron renovar sus permisos porque los criterios exigidos son «completamente restrictivos». Carnicer explicó que, en materia de extranjería e inmigración, las instituciones del Estado «funcionan», pero que ante un fenómeno como éste aún hay que «adecuar y mejorar los procedimientos administrativos». EFE