El Consejo General de la Abogacía denuncia que la Administración aplica criterios restrictivos Un 42% de españoles cree que el Ejecutivo está siendo demasiado permisivo con los irregulares Lograron lo más difícil: pasar el examen de la regularización. Sin embargo, ahora, más de un año después, 90.000 inmigrantes han suspendido en septiembre y se han quedado apeados de la legalidad. El Consejo General de la Abogacía (CGA) informó ayer de que el 15% de los cerca 600.000 trabajadores extranjeros que fueron regularizados en 2005 por el Gobierno no ha conseguido renovar sus permisos y vuelve a engrosar las filas de los sin papeles.

Los procesos para renovar las tarjetas están siendo bastante restrictivos, ya que se exige que el inmigrante acredite que ha trabajado seis meses al año en la misma actividad para la que se le concedió la autorización. Por este motivo, la Administración está rechazando las solicitudes de muchos inmigrantes porque han trabajado en un sector diferente al inicial o, incluso, porque han sido empleados dentro del mismo sector, pero en un puesto de trabajo distinto.

El presidente de la Subcomisión de Extranjería del CGA, Pascual Aguelo, reclamó al Ejecutivo que mejore los procedimientos administrativos para que no provoquen que los inmigrantes legales caigan en la irregularidad.

Según explicó Aguelo, la estricta aplicación del Reglamento de la Ley de Extranjería está provocando situaciones kafkianas, como la de que un extranjero que fue contratado como limpiador de cristales no logre renovar sus papeles, aunque sea contratado por otra empresa de limpieza. La causa: el puesto que ocupa no es de limpiador de cristales.

No obstante, el abogado de Extranjería destacó que la mayoría de estos inmigrantes llevaba ya tres años residiendo en España, por lo que se les está reconduciendo para que obtengan los permisos a través del arraigo.

El Consejo General de la Abogacía también presentó ayer un novedoso sondeo en el que toma el pulso a la sociedad española y su relación con la inmigración. La mayoría de los españoles valora positivamente el trato que los inmigrantes reciben por parte de la sociedad. Es más, uno de cada tres estima que los que llegan a España reciben un trato mejor del que obtenían los españoles hace 40 años, cuando emigraban.

De la encuesta se desprende que la sociedad española tiene una visión un tanto idílica de la acogida que se da a los inmigrantes, lo que no tiene por qué ajustarse a la realidad. El presidente de la Subcomisión admitió que existía una cierta desviación entre la opinión pública y la situación real de los extranjeros. De hecho, desde el Consejo General de la Abogacía se han quejado en numerosas ocasiones de las dificultades para facilitar la asistencia letrada a los sin papeles, en lugares fronterizos como los Pirineos.

Sin embargo, cuando se menciona la inmigración irregular, la percepción deja de ser tan bucólica. Dos de cada tres entrevistados opinan que sólo los inmigrantes legales deberían tener los mismos derechos y obligaciones que los españoles. Además, un 42% considera que el Gobierno está actuando de forma demasiado permisiva con los irregulares.