Durante los últimos seis meses, cerca de 9 mil niños dejaron el país con destino a España, según una reciente información periodística difundida por la prensa nacional. La necesidad de padres migrantes de tener cerca suyo a sus vástagos, se ha convertido en un drama de quienes dejaron el país en busca de mejores condiciones económicas.

Por lo general, tienen que pasar varios años para que una madre o un padre, en suelo extranjero, pueda concretar el derecho de vivir cerca de sus hijos. Sin duda que este drama familiar tiene su principal origen en la falta de empleo crónico en Bolivia.

A diario, cientos de bolivianos buscan la solución última a sus problemas económicos dando el gran salto a Europa. En la decisión importa más la desesperación económica que, incluso, el sufrimiento provocado por la lejanía de los seres queridos. En este contexto es explicable que una vez conseguida cierta estabilidad, los migrantes recurran inmediatamente al derecho de la reunificación familiar.

En este sentido y ante la tragedia de miles de familias bolivianas, más aún cuando se acercan las fiestas de fin de año, los actores implicados en las decisiones colectivas deben tener en cuenta que su labor, en primer lugar, implica trabajar por el bienestar de todos los bolivianos y las bolivianas. Esta consideración debe ser, ante todo, un objetivo que guíe el quehacer político serio y responsable.

En un tiempo de confrontación ideológica expresada sin matices en la Asamblea Constituyente, existe una tendencia a considerar ciertos conceptos como valores en sí mismos. Cualquier política de gobierno sólo tendrá valor en la medida que pueda satisfacer al bienestar de una mayoría de los ciudadanos del país. Las autonomías o la descentralización, por otro lado, valdrán la pena si en la práctica crean condiciones para el empleo o para la atención de las demandas sociales. Pero si en la lucha política se imponen los modelos dogmáticos o la defensa de intereses sectoriales de grupos privilegiados, los conceptos usados para justificar las posturas y decisiones serán simplemente otros tantos instrumentos de la manipulación de la sociedad.

Los actores implicados en las decisiones deben tener como fin último a las poblaciones desfavorecidas que precisan de condiciones económicas y jurídicas como garantía de bienestar, de tal manera que la decisión que justifique la separación familiar no valga la pena.

En un tiempo de reencuentro familiar y de recuerdo de los seres queridos, se espera que el pragmatismo orientado al bien común pueda imponerse al simple afán de revancha, a teorías sociales experimentales o a la mezquindad de quienes tienen en su conciencia que han contribuido a un estado de cosas, que se refleja en la humillación de ser boliviano en el mundo.