El pasado sábado encontraron ahorcado en su celda de Martutene al joven saharaui Abdel Karim El Ddah. Según informaron ayer SOS Racismo y Salhaketa, la víctima tenía graves problemas síquicos y había intentado suicidarse anteriormente. Solicitó voluntariamente la expulsión del Estado español como pena sustitutiva a la prisión, el Ministerio fiscal aceptó, pero lo mantuvo en la cárcel alegando que no tenía papeles para volver a Sáhara. «La de Abdel es la historia de muchos extranjeros que caen en la comisión de pequeños delitos y sufren enormes consecuencias», dicen.

DONOSTIA

El fallecimiento por causas no naturales de Abdel Karim El Ddah, de 23 años, en la prisión donostiarra de Martutene ha suscitado numerosas reacciones. SOS Racismo de Gipuzkoa y Salhaketa de Araba realizaron un comunicado conjunto a fin de reclamar medidas concretas para que no mueran más personas en la cárcel; el Comité Sectorial de Prisiones de ELA exigió la transferencia para que se posibiliten profundos cambios que garanticen, en todos los niveles, una mejoría inmediata en los centros penitenciarios de Euskal Herria; y el PNV pidió que compareciera la directora de Instituciones Penitenciarias para aclarar las circunstancias del fallecimiento del joven preso.

«En el peor lugar»

Abdel era saharaui, tenía 23 años y llegó a Gasteiz después de pasar un tiempo en Canarias. SOS Racismo y Salhaketa recordaron que fue detenido y juzgado en la capital alavesa por implicarse en una pelea. Estuvo en Langraitz hasta que lo trasladaron a Martutene. Solicitó la expulsión como pena sustitutiva a la prisión, a lo que el Ministerio fiscal aceptó, pero no se llevó a cabo porque carecía de papeles para regresar a los campos saharauis de Tinduf. «La consecuencia práctica fue que lo mantuvieron en el peor lugar teniendo en cuenta sus problemas síquicos. Recibió un castigo demasiado grande y por eso está muerto», denunciaron.

Hace una semana, SOS Arrazakeria de Gipuzkoa envío escritos a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y al centro de Martutene «para pedir la excarcelación inmediata de Abdel dado su delicado estado de salud y ante la imposibilidad de ser expulsado en un plazo corto». «Pero hemos llegado tarde», lamentaron.

Atribuyeron la responsabilidad a la Administración penal, ya que «su labor era cuidar del joven», y denunciaron «la política de ocultamiento y retraso en la información pública sobre estas muertes», así como «la nula iniciativa de actuación por parte de las autoridades judiciales para esclarecer las circunstancias». Por último, reclamaron medidas concretas como «investigar las muertes para depurar responsabilidades, cerrar cautelarmente las dependencias que no reúnen condiciones de habitabilidad, mejorar la legislación penal y penitenciaria que alarga innecesariamente las condenas, reducir el número de reos, cumplir las condenas en el centro más cercano a la residencia, excarcelar a los enfermos graves y terminar con la incomunicación y el aislamiento».