El ministro español de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, que el viernes inició una visita oficial de dos días a Rumania y Bulgaria junto al titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, confirmó ayer que el Gobierno español impondrá una moratoria máxima de dos años a la entrada de trabajadores rumanos y búlgaros en España. Con todo, Caldera especificó que la moratoria se aplicará con flexibilidad teniendo en cuenta las necesidades del mercado laboral español: se podría incluso levantar el próximo año si no se producen alteraciones en el mercado de trabajo y si los flujos migratorios siguen como hasta ahora. Otros países, como Francia, Reino Unido e Irlanda también han impuesto medidas para hacer frente a una posible avalancha de trabajadores búlgaros y rumanos. En la actualidad, se calcula que en España hay un total de 200.000 trabajadores rumanos y unos 25.000 búlgaros, que a partir del 1 de enero serán ciudadanos de la Unión Europea y ya no necesitarán un permiso de residencia, al igual que ocurre con el resto de los Estados miembros. Los que ya cuenten con un contrato de trabajo podrán mantener su situación, mientras que los que carezcan de él deberán solicitar un permiso durante el primer año de la moratoria.