LILIANA ALCÁNTARA/ENVIADA
El Universal
Domingo 17 de diciembre de 2006
TAPACHULA, Chis.- En sólo un año organizaciones civiles pudieron documentar 4 mil casos de violaciones a los derechos humanos contra migrantes centroamericanos en la frontera sur.

No importa que sean indocumentados o que su estancia sea legal en el país, ambos sufren un sinnúmero de abusos por parte de autoridades federales, estatales y municipales.

En 2005, según la institución de asistencia privada Sin Fronteras, 128 migrantes indocumentados estuvieron encerrados en cárceles comunes, pese a que eso está prohibido en el derecho internacional. De ellos, 71 eran hondureños, 37 salvadoreños, 13 nicaragüenses y siete guatemaltecos.

En tanto, quienes tienen el permiso para trabajar tramitado por el Programa de Visitantes Agrícolas, del Instituto Nacional de Migración, son explotados o se les retiene su salario. Cada año llegan a nuestro país alrededor de 43 mil trabajadores agrícolas, procedentes en 90% de Guatemala.

La Oficina de Derechos Humanos de la Casa del Migrante, en Tecún Umán, reportó a EL UNIVERSAL que en 2004 se hizo una encuesta entre los trabajadores agrícolas: 52% señalaron que ganaban menos del salario mínimo vigente en Chiapas; 48% se dijeron engañados en cuanto a las condiciones laborales; 46% se quejaron de la mala calidad e higiene de los alimentos; 34% indicaron que las condiciones de alojamiento eran malas, y 8% dijeron que eran pésimas.

Los trabajadores agrícolas temporales suelen laborar en los cultivos de café, papaya, plátano, caña y mango de la zona del Soconusco, y su contratación se regula por medio del Programa de Visitantes Agrícolas del Instituto Nacional de Migración, en el que se documenta gratuitamente a los trabajadores durante el periodo de un año.

Otro ejemplo de los abusos que se cometen en su contra es el ocurrido en marzo de 2005, cuando el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula, Chiapas, denunció al Instituto Nacional de Migración que 70 jornaleros agrícolas guatemaltecos se encontraban retenidos contra su voluntad por los guardias de la finca La Nueva Esperanza, en el municipio de La Concordia, pues éstos reclamaron luego de que transcurrieron 30 días sin que recibieran su salario.

En cuanto a las mujeres migrantes, 90% de ellas se emplean como trabajadoras domésticas. Sin Fronteras informó que 80% son menores de edad e indocumentadas que inician su trabajo a los 12 ó 13 años de edad, laboran más de ocho horas diarias con los salarios más bajos de la región y cerca de la mitad ha recibido algún tipo de maltrato por parte de sus patrones.

La Casa del Migrante Belén, ubicada en Tapachula, Chiapas, señaló que las violaciones a los derechos humanos más recurrentes entre los migrantes indocumentados son: detención irregular; tratos crueles, inhumanos y degradantes; robo agraviado; extorsión; agresión y abuso por parte de autoridades federales, estatales y municipales.

En la lista de autoridades acusadas de cometer esos abusos se encuentran, en primer lugar, el Instituto Nacional de Migración, y le siguen la Policía Federal Preventiva, las policías Judicial y municipal, la Policía Federal de Caminos y el Ejército.

Sin Fronteras destacó que en el caso de las mujeres que atraviesan la frontera sur de manera irregular una gran parte son enganchadas por redes dedicadas a la trata de personas, y también “se enfrentan a la exigencia por parte de servidores públicos y polleros de tener sexo con ellos a cambio de su entrada o paso por el territorio nacional, al robo de documentos y dinero que recuperan por medio de la prostitución, o una serie de abusos por parte de bandas delincuenciales, como es el caso de la Mara Salvatrucha”.

Una mujer solicitante de refugio, que es albergada en la Casa del Migrante Belén y que escapó de su país junto con su familia porque fueron amenazados por la Mara Salvatrucha, narró: “Al cruzar la frontera de México me asaltaron, me golpearon y me violaron, y por eso me entregué a Migración, pero ellos me encerraron durante cuatro meses”.