El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que el viernes inició una visita oficial de dos días a Rumania y Bulgaria junto al titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha confirmado que el Gobierno español impondrá una moratoria máxima de dos años a la entrada de trabajadores rumanos y búlgaros en España. Con todo, Caldera especificó que la moratoria se aplicará con flexibilidad teniendo en cuenta las necesidades del mercado laboral español. Otros países, como Francia, Reino Unido e Irlanda también han impuesto medidas para hacer frente a una posible avalancha de trabajadores búlgaros y rumanos. En la actualidad, se calcula que en España hay un total de 200.000 trabajadores rumanos y unos 25.000 búlgaros, que a partir del 1 de enero serán ciudadanos de la Unión Europea y ya no necesitarán un permiso de residencia, al igual que ocurre con el resto de los Estados miembros.