Las primeras cartas están ya sobre la mesa. La Junta de Andalucía remitió el pasado viernes documentos con propuestas concretas sobre la oferta de cinco grandes pactos, efectuada hace un mes por el presidente de la Junta de Andalucía. PSOE, PP, IU y PA también han dado a conocer sus exigencias para cerrar con ellos el consenso deseado en Educación, Dependencia, Agua, RTVA e Inmigración. Pese a que el Pacto Local se incluyó en la agenda, a petición de los populares, el Gobierno andaluz aún no ha plasmado su posición.

Los pactos han discurrido hasta el momento por un río revuelto. Las críticas de PP e IU han sido un verdadero remolino. Fraude, engaño, pérdida de tiempo. Estas han sido algunas de las perlas que los populares han dedicado a este proceso. La coalición de izquierdas reclama a la Junta que incluya en esta ‘hoja de ruta’ cuestiones que consideran claves como especulación urbanística, la vivienda o la ‘deuda histórica’. El PA se ha destapado con una actitud y un discurso opuesto al que han mantenido durante la negociación sobre la reforma del Estatuto de Andalucía.

Incógnitas

Manuel Chaves no se ha alterado hasta el momento. Califica como normal al inicio de este tipo de negociaciones. Otros miembros de su gobierno sí han arremetido contra los populares a los que acusan de que querer boicotear la oferta de diálogo. Hoy por hoy, nadie apuesta por un acuerdo de todos los grupos y sobre todo los temas. Queda mucha navegación por delante.

El primer puerto se dejó ayer atrás. La Junta ha entregado a los partidos los primeros documentos, a los que ha tenido acceso este periódico, con las primeras propuestas concretas. Son las siguientes:

CONOCIMIENTOS

Evaluación externa

Educación

Un compromiso de convivencia para solucionar los problemas de violencia escolar y una Agencia Andaluza de Evaluación Educativa son las principales novedades del pacto en Educación que la Junta de Andalucía ofrece al resto de formaciones del arco parlamentario. El compromiso de convivencia, de caracter voluntario, consistiría en una especie de acuerdo contractual entre un centro educativo y los padres de un alumno conflictivo. Se pretenden sumar esfuerzos para encontrar una solución a un problema que afecta cada vez más a la comunidad educativa andaluza. Mediante este modelo, se fijarán los mecanismos de coordinación entre los profesores y los profesionales que atienden al alumno.

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa tendrá rango de organismo autónomo y su función será la de evaluar el grado de conocimiento adquirido por los alumnos al concluir el segundo ciclo de educación Primaria y el segundo de la ESO. Los resultados tendrán caracter orientativo, tanto para las familias como para los propios centros. Estas dos propuestas ya aparecen reflejadas en la Ley de Educación de Andalucía, que se encuentra en fase de tramitación.

Sobre la educación, el PP propone que se equilibren los déficits históricos y se compensen las desigualdades educativas que, a juicio de esta formación, separan a Andalucía del resto de Europa. Reclaman un gasto público para Educación que llegue al siete por ciento del PIB andaluz. Además, pide que se impulse un Plan de Calidad del sistema educativo andaluz para abordar las carencias – una red de centros moderna, reducción de las ratios, implantación del plurilingüismo en todos los centros y un plan especial de lucha contra el fracaso escolar – . Las familias son otra de las preocupaciones de los populares en esta materia. Solicita que se les reconozca el derecho básico a que sus hijos reciban una formación de calidad y la elección del centro educativo que desean para ellos.

Izquierda Unida, por su parte, desea una educación pública de calidad, laica, democrática, participativa, progresista y construida desde la igualdad. Al igual que los populares, entiende que la Junta debería invertir en enseñanza, al menos, un siete por ciento del PIB andaluz.

ELECCIÓN DE DIRECTOR

Tres quintos

RTVA

El punto de partida en esta negociación marca un modelo propio en la gestión de la Radio Televisión de Andalucía – RTVA – . La Junta mantiene su idea de que el Parlamento elija al director general del ente con una mayoría cualificada de tres quintos. Esta proporción hace innecesaria el acuerdo entre las dos grandes formaciones andaluzas – PSOE y PP – y se aleja del camino marcado por el Gobierno central en relación con RTVE, que cuenta con un nuevo presidente corporativo fruto del consenso entre estas formaciones. En el apartado cinco de la propuesta que la Consejería de Presidencia ha hecho llegar a los distintos portavoces parlamentarios se relatan los principios inspiradores de esta norma: Respeto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía; objetividad, veracidad, e imparcialidad de las informaciones y respeto al pluralismo político, social, cultural y religioso. Incluye, asimismo, el fomento de valores de igualdad y no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo u orientación sexual; protección de la juventud y la infancia y promoción de los valores históricos y culturales andaluces. Destaca, como otra piedra angular de los principios inspiradores, el respeto al derecho al honor y a la intimidad personal y familiar.

Respecto a la modificación de la Ley de la RTVA, el PP considera que debe pasar por establecer mecanismos que garanticen eficazmente el respeto al pluralismo político, social y cultural de la comunidad en la cadena; la ampliación de las competencias del consejo de administración del ente en materia de control y fiscalización, especialmente en el ámbito económico y de contratación, y por la elaboración de un plan estratégico de la empresa que afronte de manera global y definitiva un modelo viable y sostenible de la televisión y radio públicas, mientras que no hace mención a la elección del director general por los dos tercios del Parlamento en lugar de tres quintos. En cualquier caso, el líder de los populares andaluces, Javier Arenas, ha asegurado que firmaría en diez minutos el mismo acuerdo que han cerrado en Madrid PSOE y PP, en relación a RTVE.

IU comparte las tesis de la Junta de Andalucía en el punto más polémico de este acuerdo: La elección del director de la RTVA. IU apuesta para que, tanto para el nombramiento como para el cese, se necesiten tres quintos de los votos del Parlamento de Andalucía. También vería con buenos ojos la creación de un tercer canal.

INCREMENTO DEL PRECIO

Tasa y canon

Agua

El Gobierno andaluz explica al resto de partidos que la futura Ley de Agua de la comunidad deberá tener un objetivo doble: Regular las condiciones para la prestación de servicios del ciclo integral del agua de uso urbano y crear nuevas figuras tributarias de naturaleza ecológica, con el fin de contribuir a la preservación, protección y mejora efectiva del modelo hídrico. Además del nuevo canon que la Junta piensa aplicar sobre el precio del agua, la propuesta de pacto realizada a la oposición, recoge la creación de una nueva tasa de aducción y depuración del agua. Esta tasa la podría aplicar directamente la Junta de Andalucía, si es la encargada de realizar el servicio, o las mancomunidades de municipios y otros entes supramunicipales que hayan asumido estas competencias.

Más impuestos como fórmula para que los ciudadanos hagan un uso más racional del líquido elemento. Esta idea flota sobre esta invitación al consenso. La Junta quiere que la norma incluya otro impuesto, como tributo de naturaleza económica, que grave la utilización del agua de cualquier procedencia y, en su caso, la contaminación de las aguas.

La delegación popular defenderá un pacto en defensa del agua y pedirá que la Junta reclame al Gobierno Central los 4.155 millones que se habían consignado por el anterior Gobierno Central para Andalucía mediante el Plan Hidrológico Nacional, incluyendo el trasvase del Ebro previsto para la provincia de Almería y garantizando la suficiencia de las cuencas excedentarias, así como la firma de un acuerdo local por el agua, donde se garantice la participación de todas las corporaciones locales, sin distinción de siglas políticas, que desde el más profundo reconocimiento a su autonomía local, suponga un compromiso firme y definitivo para garantizar la Calidad del Agua en la gestión diaria municipal de la misma.

IU propone una serie de medidas básicas a poner en práctica: Medidas hidrológico – forestales para evitar la pérdida de capacidad de los embalses o la mejora y arreglo de las canalizaciones agrícolas y urbanas. Uno e sus anhelos más rotundos es la moratoria a la construcción de campos de golf, además de que los ya existentes se rieguen exclusivamente con aguas recicladas.

MÁS AYUDAS A LOS MUNICIPIOS

Atención humanitaria

Inmigración

La Junta propone seguir trabajando con el Gobierno central y las organizaciones no gubernamentales en la atención humanitaria a los inmigrantes ilegales que lleguen a nuestras costas, hasta que la Administración General del Estado resuelvan los correspondientes expedientes administrativos de devolución, retorno, expulsión o readmisión. También prevé un paquete de medidas para favorecer económicamente a aquellos municipios objeto de una mayor presión migratoria. En la propuesta que el presidente Chaves hace al resto de partidos se incluye el instar al Gobierno central, y a través del mismo a la Unión Europea, para que envíe más fondos a Andalucía, como región fronteriza clave.

El acuerdo en materia de inmigración, según el PP, debe suponer impedir por ley los procesos de regularización masiva; por la creación de la Consejería de Inmigración y Cooperación; por el establecimiento de un fondo especial para los ayuntamientos con alta concentración de población inmigrante para garantizar la calidad de los servicios, con una dotación extraordinaria de 300 millones a cinco años, y por la creación de varios centros de atención para menores, según algunas de las cien medidas de los populares para resolver este asunto. El PP considera intolerable que este año se hayan producido más de 26.00 casos graves de violencia en los centros.

La coalición de izquierdas pone el acento en el riesgo de marginación que se cierne sobre este colectivo, cada año más numeroso. Como ejemplo, pone el auge del racismo que se detecta a la hora del acceso a la vivienda. A los extranjeros no se les quiere alquilar inmuebles. Sólo tienen ciertas oportunidades en zonas periféricas de la ciudad y a unos precios que, según esta formación, son desorbitados y abusivos.

CUANTIFICACIÓN

Ventajas para los afectados

Dependencia

La Junta quiere que la futura Ley de Dependencia de Andalucía se mire en el espejo de la norma nacional y logre alcanzar el mayor grado de consenso político para elaborar las bases del futuro sistema andaluz de atención a las personas en situación de dependencia. Propone, para lograr el apoyo del resto de grupos parlamentarios, un listado con once puntos. Se analizarán la situación de las personas dependientes en Andalucía y los recursos que existen para poner en práctica. La coordinación será un aspecto importante, ya que se quiere evitar la duplicidad de prestaciones y servicios ya existentes. La Junta también considera primordial un plan de formación laboral.

Para el PP, un acuerdo sobre la Ley estatal de Dependencia pasaría por medidas como financiación suficiente para la aplicación de la norma y por el proceso de descentralización formal hacia los ayuntamientos de competencias en esta materia y de la financiación correspondiente, además de un plan de formación para la atención a la dependencia, como norma generadora de empleo.

IU opina que la población dependiente severa y grave de Andalucía se sitúa entorno a las 250.000 personas y, otras tantas, necesitan ayuda puntual en su vida diaria.