Madrid – La alarma social generada por algunos nuevos delitos puso encima
de la mesa el debate sobre la necesidad de ajustar el Código Penal a la
realidad delictiva del momento. La reforma aprobada por el Gobierno
tipifica con mayor claridad, por ejemplo, la asociación para delinquir, es
decir, el tratamiento a las bandas organizadas, de modo que la condena en
estos casos se añade a la pena específica que correspondería al delito
cometido.
   Sin embargo, no hay una respuesta concreta a la demanda de
que se agrave la pena por robo y asalto a casa habitada (polémica generada
por el aumento de los asaltos a chalés por parte de mafias) ni se tipifica
con claridad el «secuestro express» (caso, por ejemplo, de la retención de
la víctima obligándole a proporcionar las claves bancarias de sus tarjetas
de crédito o débito).
   Este último presenta los elementos
de robo y también del secuestro, circunstancias que están haciendo que los
juzgados y tribunales tengan disparidad de criterios a la hora de
tipificar estos modos de comisión de delito. El PP ha llegado a formalizar
una iniciativa en el Senado para crear un nuevo tipo penal, artículo 242
bis del Código Penal, en el que se asigne a este comportamiento delictivo
una pena mayor que la del simple robo.
   Sin embargo, los populares
denuncian que el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros no atiende
la demanda social ni en este caso ni en el referente al fenómeno del
asalto a viviendas habitadas, preferentemente por la noche para asegurarse
la presencia de sus moradores, con su retención y sometimiento a toda
clase de amenazas. A juicio del PP, en este caso no se trata sólo de un
robo con violencia o intimidación, al haber también privación de libertad
personal, y de ahí la demanda de un nuevo tipo penal que establezca una
pena notablemente superior.
   La letra pequeña de la reforma también
recupera medidas alternativas a la cárcel para aplicar a delincuentes no
reincidentes, como multas, arrestos de fin de semana o trabajos en
beneficio de la comunidad.
   Los populares vinculan esta política
penitenciaria con el grave problema de masificación de las cárceles, sin
que esté previsto – dicen – que se termine ninguno de los proyectos
heredados de la etapa anterior. El Gobierno de Aznar, por ejemplo,
suprimió los arrestos de fin de semana domiciliarios o en calabozos de
depósitos municipales que había introducido el Código Penal del 95 de
Belloch por la imposibilidad de controlar la ejecución de las penas.
   Por otra parte, el proyecto certifica la supresión de la expulsión
inmediata de inmigrantes delincuentes que fuesen condenados a penas
inferiores a seis años de prisión, una medida introducida también por el
Gobierno del PP en el año 2003. La motivación, entonces, fue terminar con
el fenómeno de los inmigrantes irregulares que cometían pequeños delitos
para ir a la cárcel durante un breve periodo de tiempo y quedarse en
España.
   Según argumentaron en aquella ocasión los populares,
esta situación provocaba, además, un efecto llamada entre delincuentes,
que preferían la cárcel en España que las malas condiciones de vida de sus
países. El PP denuncia que el Gobierno no se ha dirigido a él para
consultarle ninguno de los puntos de la propuesta de reforma del Código
Penal aprobada el viernes, pese a su trascendencia.