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MADRID/BUCAREST. El Gobierno decidió ayer aplicar una moratoria de dos años para la entrada en nuestro país de trabajadores rumanos y búlgaros, tal como pedían los sindicatos. La medida fue anunciada ayer por el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, quien en compañía del de Interior ha viajado a ambos países.

Caldera explicó en Bucarest, donde anunció la decisión, que el Gobierno impondrá una moratoria máxima de dos años a la entrada de trabajadores rumanos y búlgaros, y que la medida se aplicará con flexibilidad teniendo en cuenta las necesidades del mercado laboral. El ministro aclaró que esta moratoria se podría levantar el próximo año si no se producen «alteraciones» en el mercado de trabajo y si los flujos migratorios siguen como hasta ahora, informa Efe.

Tras insistir en la posibilidad de levantar la moratoria, que se realizará el próximo año tras consultarlo con los agentes sociales y con las autoridades de estos países, subrayó que los trabajadores rumanos que están hoy ilegales en España serán legalizados si tienen contrato de trabajo.

El titular de Trabajo, que calificó de «excelentes» las relaciones entre ambos países, hizo hincapié en que la moratoria impuesta por el Gobierno «no discrimina» a los rumanos y búlgaros que, a partir del 1 de enero, serán ciudadanos comunitarios de «pleno derecho». En este sentido recordó que cuando España entró en la UE se le impusieron siete años de moratoria y que este país impuso dos a las 10 naciones que se incorporaron en 2004, por lo que esta decisión, que se ratificará el próximo viernes en el Consejo de Ministros, «es más flexible y no discrimina a Rumanía», añadió.

Por su parte, el ministro rumano de Trabajo y Solidaridad Social y Familia, Gheorghe Barbu, agradeció el apoyo del Gobierno español por entender que «no discrimina» a Rumanía, al tiempo que resaltó la «buena colaboración» que existe entre ambos ministerios.Preguntado por si el Gobierno prevé que se produzca una llegada importante de ciudadanos de estos países tras su ingreso en la UE, dijo que las «experiencias anteriores ponen de manifiesto que la regulación de flujos es la correcta y que, en otras ocasiones, no se produjeron avalanchas. «Lo que sí habrá – añadió Caldera – será legalidad para todos y reconocimientos de plenos derechos».

Respaldo de los sindicatos

La decisión del Ejecutivo fue aplaudida por UGT y Comisiones Obreras, que desde hace meses presionaban al Gobierno para que adoptara una iniciativa como esta. Los sindicatos temen que tras el ingreso de los dos países en la UE se produzca una avalancha de esos trabajadores y arguyen que en sucesivas ampliaciones se han tomado decisiones similares.

Izquierda Unida, sin embargo, se desmarcó de este planteamiento y tachó de «contradictoria» la decisión del Ejecutivo. ya que el Gobierno no tuvo «ningún problema» para aprobar la Directiva Bolkestein – que entrará en vigor en 2010 y que tratará de eliminar las trabas burocráticas al libre establecimiento de empresas de servicios o a la prestación de servicios por parte de compañías establecidas en otros Estados miembros – y por el contrario esté siendo tan «diligente» para aprobar la incorporación de trabajadores rumanos y búlgaros con todos los derechos.