El Gobierno dará papeles a los rumanos irregulares si tienen un contrato de trabajo

El Mundo, 17-12-2006

Caldera confirma la moratoria de dos años a la entrada de estos ciudadanos y de los búlgaros La medida afectará a los que vengan a partir del 1 de enero y no a los que ya residen en España El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, dio ayer una de cal y otra de arena a los inmigrantes rumanos. Primero echó un jarro de agua fría sobre sus aspiraciones y confirmó que el Gobierno impondrá una moratoria máxima de dos años a la entrada de trabajadores rumanos y búlgaros en España.


Sin embargo, en segundo lugar, lanzó un mensaje optimista para el medio millón de rumanos sin papeles que viven en nuestro país. Caldera matizó que los trabajadores rumanos que están actualmente ilegales en España serán legalizados si tienen un contrato de trabajo. Por tanto, el periodo transitorio afectará a aquellos inmigrantes que se quieran instalar en el país a partir de enero y no a los que ya residen en España.


Caldera, que hizo este anuncio en Bucarest tras reunirse con las autoridades de Rumanía, aclaró que esta moratoria se podría levantar el próximo año si no se producen «alteraciones» en el mercado de trabajo y si los flujos migratorios siguen como hasta ahora.


La decisión de imponer un periodo transitorio ya fue anunciada por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, el pasado 31 de octubre. Sin embargo, en aquella ocasión, Caldera contradijo a Moratinos y manifestó que la decisión del Gobierno todavía no estaba tomada. Ahora, más de un mes después, el titular de Trabajo confirmó la noticia desde Bucarest.


En un primer momento, tras el anuncio de Moratinos, se pensó que la medida iba a afectar también a los rumanos irregulares que residen en España y que, por tanto, no iban a poder conseguir los permisos. La decisión del Gobierno levantó las suspicacias y protestas de las asociaciones de rumanos, cuyos temores se vieron mitigados con la aclaración de Caldera.


La moratoria pretende frenar una posible avalancha de rumanos y búlgaros a partir de enero de 2007, ante el reclamo de poder acceder al mercado laboral español con todos los derechos. Miles de ciudadanos rumanos ya se han introducido de manera irregular en nuestro país atravesando la frontera de los Pirineos.


El ministro de Trabajo insistió en la posibilidad de levantar el periodo transitorio dentro de un año tras consultarlo con los agentes sociales y con las autoridades de estos países. También hizo hincapié en que la medida del Gobierno español «no discrimina» a los rumanos y búlgaros que, a partir del 1 de enero, serán ciudadanos comunitarios de «pleno derecho». En este sentido recordó que cuando España entró en la Unión Europea se le impusieron siete años de moratoria y que este país impuso dos a los 10 países que se incorporaron a la UE en 2004, por lo que esta decisión, que se ratificará el próximo viernes en el Consejo de Ministros, «es más flexible y no discrimina a Rumanía», añadió.


La medida ha sido consensuada con los agentes sociales y la patronal, pero ayer despertó las críticas de IU, quien acusó a Caldera de quebrantar la igualdad de derechos de los trabajadores europeos. La Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes rechazó la iniciativa porque prolongará la situación de irregularidad de muchas personas que ya trabajan en el país.

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