P. MUÑOZ / C. MORCILLO

MADRID. «Es necesario crear una estructura administrativa única, que recoja todas las responsabilidades hoy dispersas en materia de inmigración, y que disponga de recursos para afrontar todos sus aspectos y coordinar las actuaciones de las Administraciones regionales y locales. Además, ello permitiría que existiera un responsable máximo de la inmigración para toda España». Lo que parece una reivindicación política sin matices es una de las conclusiones del Círculo de Empresarios en su prolijo informe «Tres factores clave para una política de inmigración: apertura, control e integración», presentado ayer en Madrid.

Los empresarios sustentan la necesidad de un elemento de coordinación en que el fenómeno migratorio seguirá creciendo tanto en número como en impacto social y la buena gestión de la entrada y asentamiento de los inmigrantes son fundamentales para evitar problemas. La firma de convenios internacionales para regular los flujos, la formación de funcionarios, la seguridad y control de fronteras, la simplificación de los trámites de entrada al país para quienes cuenten con contrato o la persecución del tráfico de personas son algunos de los elementos que justificarían ese órgano de carácter central con una única cabeza visible.

Próximas reformas

Como se sabe, las competencias en inmigración están divididas en dos Ministerios, el de Trabajo y el de Interior, de forma principal, si bien otros departamentos también están concernidos, de ahí que desde el Gobierno se haya planteado, al menos de forma interna, introducir variaciones, más bien enfocadas a la próxima legislatura.

El documento del Círculo de Empresarios recoge varios aspectos de sumo interés: «En caso de iniciarse una fase bajista – reza el texto en relación al ciclo económico – la población inmigrante la sufriría con especial intensidad porque trabaja en sectores productivos con mucha temporalidad y muy sensibles al ciclo, por ejemplo construcción y hostelería».

Los problemas económicos asociados a la destrucción de empleo «podrían crear también problemas de tipo social», negativos para la integración de los inmigrantes , advierten los empresarios con dos consideraciones de peso: sin trabajo la integración es muy complicada y los españoles podrían valerse de ese argumento torticero – desplazamiento de los trabajadores nacionales – para justificar comportamientos xenófobos.

Sobre el tan traído argumento del Ejecutivo en torno a los indudables beneficios económicos aportados por los inmigrantes , no tan indudables en cuanto a las pensiones, se afirma en el documento: «La evolución demográfica en España supone un riesgo para la sostenibilidad del sistema público de pensiones que no puede ser compensado totalmente por la vía de la inmigración, sino que requiere de reformas en su diseño y funcionamiento actuales».

Los extranjeros que hoy cotizan serán pensionistas en el transcurso de tres o cuatro decenios, y se sumarán a la presión sobre la sostenibilidad del sistema.

Los empresarios coinciden con otras voces en que habría que abandonar las regularizaciones masivas, a cambio de mecanismos más flexibles que permitan la legalización en algunos casos. Se parte de que persistirá, no sólo en España, la tendencia a la irregularidad, pero la única forma de minimizarlo es reducir los incentivos a la entrada y a la permanencia en situación ilegal.