LUIS AYLLÓN / ENRIQUE SERBETO

BRUSELAS. José Luis Rodríguez Zapatero ha comprobado que las cosas en la Unión Europea van más lentas de lo que desea, sobre todo si uno tiene un serio problema. Hace catorce meses, en Hampton Court, cerca de Londres, el jefe del Ejecutivo reclamó de sus colegas europeos solidaridad para afrontar las avalanchas de inmigrantes ilegales que padece España. Desde entonces, ha recibido poco más que buenas palabras, y sólo hoy podrá ver en las conclusiones de un Consejo Europeo un mínimo de compromiso, aunque fundamentalmente sean demandas que se hacen a la Comisión Europea para que las ponga en marcha a lo largo de 2007, con el objetivo de luchar contra la inmigración ilegal y dirigir la legal.

En cualquier caso, la declaración que será aprobada hoy recoge la mayoría de las demandas españolas. Contiene siete páginas, cantidad nunca dedicada antes al problema migratorio, que se considera «una de las principales prioridades de la UE». Portavoces gubernamentales españoles consideraron que «son los primeros pasos de una política común de inmigración».

Entre otras cosas, los Veinticino apuestan por fortalecer la cooperación con los países de origen y tránsito de emigrantes, enviando misiones de la UE a países africanos clave. Asimismo piden que se mejore la cooperación para el retorno y readmisión de inmigrantes ilegales y que se trabaje en las rutas migratorias para combatir el tráfico de seres humanos.

Se apuesta por la emigración legal y se demanda a la Comisión una propuesta de medidas contra el empleo ilegal.

En el capítulo de seguridad se pide a la Comisión que proponga cómo mejorar el control de entrada y salida de la UE utilizando nuevos métodos tecnólogicos. También, que se eleve rápidamente la capacidad de Frontex (la Agencia Europea de Fronteras), que se dé prioridad a la creación de un Sistema Europeo de Vigilancia para la frontera marítima del sur y que se establezca una red permanente de patrullas costeras.

El principal contratiempo puede ser que no se ha conseguido el consenso necesario para reformar los sistemas de toma de decisión en materia de Interior y Justicia, un capítulo con ramificaciones en el de la inmigración.