La ONG Intermón Oxfam denunció ayer, en la presentación de su informe anual La realidad de la ayuda 2006 – 2007, que España, pese al incremento notable que ha registrado en 2004 y 2005, hipoteca y supedita la cooperación a sus intereses económicos y políticos.

La organización centra sus críticas especialmente en el llamado Plan Africa, al que achacan graves carencias porque, tal y como señaló la directora general de Intermón, Ariane Arpa, se ha diseñado en función de las «necesidades energéticas y de diversificación de fuentes» de la economía española, así como para asegurar los intereses políticos del Ejecutivo que, en estos momentos, pasan esencialmente por poner freno a la inmigración ilegal.

«No se puede utilizar la ayuda al desarrollo como moneda de cambio para negociar el control de fronteras y la repatriación de inmigrantes. Esto es inaceptable», aseguró Arpa, para quien el Plan Africa se ha convertido en una «política acelerada de actos simbólicos» tales como la reciente visita del presidente del Gobierno a Senegal. El citado plan no es para Intermón Oxfam sino una «respuesta precipitada» del Gobierno a la alarma social generada por las llegadas masivas de cayucos a las islas Canarias.

Desde la Secretaría de Estado de Cooperación se responde a esta crítica señalando que el compromiso del Ejecutivo de Zapatero con el desarrollo del continente africano data del primer día y se mantendrá con o sin crisis migratorias.

La ONG apunta, además, que el Gobierno engorda «engañosamente» las cifras de ayuda porque en las mismas incluye las operaciones de condonación y canje de deuda, así como los créditos FAD.

La Secretaría de Estado señala que la estrategia del Gobierno, además de cancelar deuda a los países más pobres, se centra sobre todo en canjearla por educación, lo que revierte claramente en beneficio del desarrollo. Por lo que respecta a los créditos FAD, se apunta que en la actualidad sólo suponen un 4,1% del volumen total de ayuda.

Intermón critica igualmente la intervención y participación cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en las operaciones de ayuda humanitaria. Según la ONG, el 70% de la ayuda destinada a paliar la catástrofe del tsunami o el terremoto de Pakistán fue gestionada por las FAS. Este hecho, en opinión de la directora general, no está justificado. Para Arpa, la presencia del Ejército en este tipo de operaciones resulta «perjudicial» porque «crea confusión en las poblaciones afectadas» y «hace más difícil el trabajo de los cooperantes».

El Ministerio de Exteriores considera, al contrario, que la ayuda debe entenderse como «una suma de actores bien coordinados», incluidas las FAS, en tanto que desde Defensa se recuerda que el trabajo de las ONG en los lugares más complicados sería imposible sin la protección militar.