España consigue la aprobación de cuatro fondos con 4.000 millones de euros en siete años para políticas de inmigración Los líderes de los Veinticinco, ahora que ya son casi 27 – ayer la UE celebró en una Iglesia de Bruselas la entrada, el 1 de enero, de Rumanía y Bulgaria – , cerraron un poco más la puerta a futuros miembros, aunque algunos trataban de dejar un resquicio de esperanza para Turquía y, sobre todo, los países de los Balcanes.

La UE, paralizada por la división continua en una organización cada vez más extensa y con pocas competencias, no está para ampliar el club mientras no reforme sus instituciones y su opinión pública no supere la entrada acelerada de los 10 últimos miembros, la mayoría del Este, y con algunos, como Polonia, que se dedican al bloqueo sistemático.

«Los países adherentes deben tener la disposición y la capacidad de asumir íntegramente las obligaciones de pertenencia a la Unión y ésta debe ser capaz de funcionar eficazmente y desarrollarse», dice la declaración de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que termina la Presidencia de turno finlandesa, aún marcada por la crisis constitucional. «Las cuestiones difíciles», insisten los Veinticinco, «como las reformas administrativas y judiciales y la lucha contra la corrupción, se abordarán en primer lugar». Con esos criterios, los dos nuevos países, que aún tienen estos puntos pendientes, probablemente no estarían dentro de un mes en la UE.

El próximo presidente semestral, Alemania, se ha comprometido a buscar una solución para un nuevo Tratado, al menos con las ideas básicas de la Constitución, que ya han aceptado 18 países y rechazado dos (Francia y Holanda).

La canciller Angela Merkel explicó a sus colegas, en la cena de anoche, su plan para resucitar parte del Tratado y lograr reformas urgentes en aspectos como el voto (si sigue siendo por unanimidad, en una Unión de 27 países las decisiones serán casi imposibles) o la política exterior. La líder democristiana sorprendió a sus colegas por su ambición para intentarlo antes de las elecciones francesas de mayo, hasta ahora el horizonte mental de la UE por el rechazo galo a la Constitución.

Josep Borrell, presidente del Parlamento Europeo y despedido con elogios por el fin de su mandato, insistió en que los jefes de Estado y de Gobierno deben «tomar conciencia» de que tienen que «adaptarse a su número» con un documento, como quiera que lo llamen «mini – tratado, maxi – tratado o Constitución».

Pese a su crisis de identidad, algunos Estados miembros, en particular el Reino Unido y España, intentan dar esperanzas a Turquía – cuyas negociaciones de adhesión se han congelado parcialmente por su enfrentamiento con Chipre – y a los países de los Balcanes, sobre todo a Serbia, con sus charlas también en el limbo por las exigencias del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia sobre la entrega de Ratko Mladic (el Gobierno de Belgrado insiste en que no conoce su paradero).

«No creo que Turquía deba perder la motivación», dijo Javier Solana, jefe de Política Exterior de la UE y declarado partidario de las negociaciones con el país euroasiático de mayoría musulmana y estado laico. La UE ha paralizado ocho de los 35 apartados que se tratan en el largo proceso de adhesión, pero, según Solana, «sigue considerando a Turquía como candidato» y no se debe «malinterpretar» que el camino de Ankara a Bruselas está cerrado. «No estamos cerrando nuestras puertas», insistía anoche el primer ministro finlandés, Matti Vanhanen.

Sin embargo, los críticos de la ampliación aprovecharon el debate para arremeter contra cualquier nueva entrada. Nicolas Sarzkozy, candidato presidencial francés, irrumpió en la cumbre paralela del Partido Popular Europeo con sus críticas habituales contra Turquía. «Ya sabéis mi reticencia sobre este asunto. Estoy contento de ver que estas ideas están ganando terreno», dijo. Angela Merkel, Jose Manuel Durao Barroso, Jean – Claude Juncker… todos estamos de acuerdo en que necesitamos una Europa con fronteras», insistió.

Para España, la frontera que más preocupaba en esta cumbre era la meridional, por donde entran centenares de millares de inmigrantes desde Africa. La Unión Europea ha sido hasta ahora reticente a colaborar con una crisis que afecta, al menos a corto plazo, sólo a los países mediterráneos.

Sin embargo, en esta cumbre los Veinticinco se comprometieron, por fin, a integrar la inmigración en su política común y a promover una cumbre con Africa para negociar, dentro de las limitadas competencias de la UE.

La victoria española fue, sobre todo, la aprobación de los deseados fondos que la Comisión Europea lleva meses prometiendo. En los próximos siete años, se dedicarán en distintos apartados hasta 4.000 millones de euros para política migratoria en el control fronterizo, ayuda a los refugiados, repatriación de los ilegales e integración de los legales.

De estos fondos, dos empezarán a funcionar el 1 de enero: el de Control de Fronteras, para vigilar los 6.000 kilómetros de confín terrestre y los 85.000 de costa que tiene la UE, y el de Integración.

La agencia Frontex, que gestiona la misión de patrullas en Canarias, aumentará su presupuesto el año próximo de 19 a 34 millones (aún modesto, en comparación con el gasto comunitario de 115.000 millones). Alberto Navarro, secretario de Estado para la UE, destacó la aceptación de la política común en este ámbito, algo inconcebible hace sólo un año, y, de paso, recordó todos los efectos positivos de la inmigración. «Los países que van a salir adelante son los países que se mezclan», dijo.