La mano siempre omnipresente y autoritaria del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos colocó en los últimos días tras las rejas a 536 guatemaltecos cuyo único delito es trabajar en aquel país sin documentos en regla.

Aunque no constituye ninguna novedad la actitud hostil de la administración republicana hacia los hispanos, exaspera e indigna su escalada represiva en una época en que en la cultura occidental, con EE.UU. a la cabeza, se habla, con afectado espíritu de caridad cristiana, de paz, amor, tolerancia, solidaridad y reconciliación.

No extraña, por otra parte, la particular perspectiva estadounidense hacia aquellos valores, pues, conforme a la experiencia humana, los abrazan y hacen profesión de ellos sólo cuando les representan beneficios a su hegemonía en el campo político y económico.

Esa es la situación, por ejemplo, de los derechos humanos, sobre cuyo cumplimiento aquella potencia se yergue como guardián universal de su respeto, mientras en lo interno son violados de manera continua e impune, como se comprueba con su trato a los inmigrantes o con la vigencia y la práctica continua de la pena de muerte.

Las distintas medidas represivas dispuestas por EE.UU. en contra de los inmigrantes , en los últimos tiempos, entre ellas el endurecimiento de las sanciones contra patronos por contratar a indocumentados o la construcción de un muro inexpugnable en la frontera con México, son suficientemente claras como para no entender el nivel de hostilidad de esa potencia hacia los latinoamericanos.

Conforme a aquella realidad, resulta un espejismo propio de la hipocresía diplomática la posibilidad de demandar a funcionarios estadounidenses más flexibilidad para los indocumentados en aquel territorio, porque detrás de la falsa cordialidad del apretón de manos del encuentro protocolario, viene el manotazo de la discriminación ancestral.

Esa interpretación no deja de ser acertada en la experiencia guatemalteca más reciente, pues hace sólo cuatro días, el canciller Gert Rosenthal abogó ante la secretaria de Estado, Condolezza Rice, por miles de connacionales con asilo político y en riesgo de deportación, y la respuesta ha resultado en una bofetada a la dignidad nacional, representada en este caso por los compatriotas víctimas de aquella ola represiva casi inédita.

El gobierno de George W. Bush ha seguido fiel a la línea histórica de la relación de EE.UU. con sus vecinos del sur, enmarcada en el autoritarismo, sin medir las consecuencias sociales y económicas de propiciar el desasosiego y la incertidumbre y de agravar la pobreza de las naciones hispanas. Por eso, bien hacen éstas en buscar aliados honestos y confiables en otras latitudes.

Y si ahora EE.UU. gasta millones en el combate poco productivo del narcotráfico y otras expresiones criminales, en el futuro no habrá dinero que le alcance para frenar los efectos de tanta insatisfacción social, alimentada por sus desaciertos.