El Gobierno holandés cedió ayer a la exigencia parlamentaria de no expulsar a 26.000 inmigrantes irregulares que trataron, sin éxito, de residir en Holanda antes de 2001, año de la reforma de la actual Ley de Extranjería. Quedó así frenada, de momento, la crisis institucional provocada al rechazar el Gabinete en funciones dicha decisión mayoritaria del Parlamento. Éste, con plenos poderes tras las elecciones del pasado 22 de noviembre, exigía la paralización de las expulsiones de los ‘sin papeles’ hasta que una nueva coalición gubernamental evalúe una amnistía.