CRUZ MORCILLO

MADRID. El 70 por ciento de las mujeres asesinadas este año no habían denunciado a su agresor. Este pacto de silencio respecto al maltrato se ha constatado en los dos últimos años y es una de las razones esenciales que está detrás del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. Está previsto que el Consejo de Ministros lo apruebe el próximo viernes, después de que el lunes lo respaldaran las Comunidades autónomas.

El plan pretende construir un modelo alternativo a la violencia basado en el «buen trato», según consta en el proyecto aprobado al que ha tenido acceso ABC, y tiene dos objetivos estratégicos: «mejorar la respuesta frente a la violencia de género» y «lograr un cambio social». Las mujeres discapacitadas, las del mundo rural, las inmigrantes y las que pertenecen a minorías serán las que reciban una atención especial, dada su mayor vulnerabilidad y para conseguir el cambio se han fijado seis ejes de acción.

Justicia. El Gobierno aspira a una formación completa de los profesionales en este ámbito, incluida la especializada de jueces sustitutos y magistrados suplentes destinados en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Se crearán nuevos juzgados exclusivos, con tendencia a comarcalizarlos donde sea necesario.

Asimismo, se prevé crear unidades de valoración forense integral – una de las grandes carencias desde la entrada en vigor de la Ley – en todos los Institutos de Medicina Legal. Todas las comunidades tendrán que contar con estas unidades que engloban forenses, trabajadores sociales y psicólogos y que han de tratar no sólo a la mujer víctima y al menor, sino también al agresor. El plan establece que la valoración del agresor debe determinar la peligrosidad o el riesgo de nuevas agresiones.

El plan fija, asimismo, una formación específica en violencia contra la mujer de los abogados del turno de oficio especializado. En cuanto a los programas dirigidos a maltratadores – tampoco se han desarrollado en la forma prevista por la Ley – el Gobierno establece, por una parte, que se adopten criterios únicos para los programas de reeducación de agresores que no tienen que ingresar en prisión y, por otra, que haya centros, controlados por los servicios sociales de las prisiones, donde se cumplan las decisiones judiciales distintas a la prisión.

Además, se propone establecer un mecanismo para que se comuniquen las sentencias condenatorias por maltrato al Instituto Nacional de Seguridad Social «a todos los efectos». En concreto, tal y como establece la ley se informará de los casos de homicidio y lesiones para que el agresor no pueda reclamar pensión.

Seguridad. La medida más importante será el programa piloto para implantar dispositivos electrónicos de vigilancia, así como el desarrollo de un sistema informático capaz de seguir y controlar al agresor en todo el territorio. Se prevé, asimismo, una «guía de buena práctica policial en violencia de género» dado que con frecuencia son los primeros profesionales que entran en contacto con estos episodios.

Salud. Se establece un protocolo común de atención sanitaria para las maltratadas, con atención especial a las mujeres inmigrantes y a las discapacitadas, una atención psicológica especial y se ha decidido acordar un conjunto común de indicadores epidemiológicos y sanitarios en violencia de género para el Sistema Nacional de Salud, de forma que este tipo de maltrato se considere un problema de salud pública.

Información. Teléfono de 24 horas en varios idiomas, página web contra el maltrato, guías de recursos y publicación de la estadística sobre la evolución de este tipo de violencia.

Educación. Las medidas en este apartado son claves para el Ejecutivo, dado que están encaminadas a conseguir un cambio en el modelo social «avanzando en el derecho de ciudadanía», según reza en la declaración de intenciones. Como norma todos el personal vinculado a la educación, en especial los profesores, recibirán formación en igualdad y resolución pacífica de conflictos. Las Administraciones tendrán que incluirlo como eje prioritario. Otro aspecto recogido es la elaboración y difusión de guías encaminadas a la detección precoz en el ámbito escolar de la violencia de género que el alumno puede vivir en su casa.

Los libros de texto y el resto de materiales didácticos serán revisados para eliminar estereotipos sexistas. El Ministerio de Educación y las Comunidades crearán un proyecto educativo para primaria y secundaria que fomente respeto, igualdad y capacidad crítica ante la violencia.

Comunicación. El Ejecutivo premiará a las empresas de publicidad que fomenten prácticas igualitarias.

EDUARDO MANZANA

El acusado de matar a su mujer e hijos en Alcira en 2004, en el juicio que comenzó el lunes