vitoria.¿Cuántos extranjeros hay empadronados en Euskadi?

A fecha de 1 de enero, con los datos del padrón provisional, hablamos de unos 83.500. Probablemente, este número haya crecido ya hasta los 88.000, más o menos.

¿Hablamos de residentes legales?

No, hablamos de población empadronada. Hablar de legales o ilegales es incorrecto, porque no hay personas legales o ilegales. Por una parte, se encuentra la población empadronada y, por otra, la regularizada, la que tiene papeles. Así que tenemos a 83.500 personas que han dado fe de que están aquí y, de ellos, unos 57.000 tienen papeles, es decir, permiso de residencia. Un 70% está en situación regular.

En cuanto al índice de regularidad, ¿cómo estamos en comparación con otras comunidades?

El resto de las comunidades autónomas se mueve en porcentajes similares. En cuanto a peso de la inmigración, hoy por hoy, Euskadi es una de las zonas en donde menos inmigración hay. Dentro de la CAPV, donde más presencia de extranjeros hay, que sería Álava, se supera el 5,5%, mientras que en Bizkaia se ronda el 3,9% y en Gipuzkoa sobre el 3,5%. Euskadi tiene un porcentaje medio de inmigración del 4%.

¿Qué porcentaje presenta en el resto del Estado?

Cercano al 9%. Estamos muy por debajo de la media estatal y de zonas como Navarra, que supera este 9%. Andamos, más o menos, como en Asturias o Cantabria. Y hay que tener en cuenta que en algunas zonas de Madrid se alcanza el 13%.

¿Se corresponde la percepción de la sociedad vasca sobre la presencia de inmigrantes con los datos reales?

No. Detectamos un fenómeno curioso de sobrepresentación hace dos años a través de una encuesta. Preguntábamos cuántas personas de cada cien residentes en la CAPV creían ellos que eran inmigrantes. En aquella época, primavera de 2004, el índice de extranjeros en Euskadi superaba ligeramente el 2% pero la percepción de la gente situaba la tasa en el 11%.

A su entender, ¿cuáles son las razones que explicarían esta disparidad?

Este fenómeno se conoce en psicología social como efecto de representación y consiste en que apreciamos la presencia de inmigrantes muy por encima de la realidad debido a que muchas veces no sabemos cómo afrontar aspectos como la diferencia física. Se trata de un fenómeno que se da en todas las sociedades.

¿Existe mayor integración para los inmigrantes en Euskadi?

Este es un aspecto muy difícil de evaluar porque en este momento la misma integración se pone en tela de juicio. No sabemos en este momento qué mide la integración. Lo que hay que pensar es que gran parte de esta integración se canaliza a través de la inserción en el mercado de trabajo, como sucede con los autóctonos. Casi el 100% de los inmigrantes trabaja, con lo que asienta las bases de su integración.

¿Qué otros niveles de inserción pueden tenerse en cuenta?

Si atendemos a otros niveles, el asunto se complica porque son más complejos de medir. Los factores que se suelen tener en cuenta son tres. Trabajo, creación y mantenimiento de redes sociales y disposición de derechos y bienestar garantizados por las instituciones públicas.

¿Cuál de los tres presenta mayores carencias?

En el que peor están los inmigrantes es, sin duda, en el apartado de los derechos. Disfrutan de muy pocos en comparación con la aportación que realizan. No obstante, su nivel de integración en la sociedad es razonablemente bueno y creo que esta inserción no es para nada preocupante, de acuerdo con nuestros datos.

¿Existen diferencias a la hora de tramitar un permiso de residencia en Euskadi?

No, ya que la autorización la concede el Gobierno central, no el Gobierno Vasco. Lo único que puede gestionar el Ejecutivo autonómico es una estancia más razonable dentro de la CAPV. El Gobierno Vasco carece de competencias en inmigración, aunque es una reclamación que ha realizado durante muchos años.

¿Qué cambios podría acometer el Gobierno Vasco si contase con estas competencias?

Podría implementar toda una serie de medidas superiores a las que hoy se aplican. Probablemente podría aprobar nuevas políticas sociales, educativas, económicas y asistenciales, pero a día de hoy no está en sus manos. Depende de la regularización que se vaya a realizar a nivel estatal.

¿Cabe la posibilidad de que se haga efectiva esta transferencia a corto plazo?

Hubo una ocasión excepcional con la aprobación del Estatuto de Cataluña, ya que la competencia estuvo a punto de incluirse en el documento. Es una pena que no se hiciera porque podría haber permitido una gestión más eficaz y más ceñida a la realidad de lo que ahora se hace.

¿Emplea la Administración la entrega de papeles como medida de presión?

No lo creo. El año pasado hubo un proceso de regularización razonable y creo que se debería haber seguido con él. Este es un tema al que sólo se le hinca el diente de forma mediática y, más que mediática, mediáticamente mediatizada…

¿Qué quiere decir?

Que tendemos a fijarnos en lo anormal, en el hecho diferencial. El Gobierno central, en julio, aprobó un proyecto de convivencia e integración muy interesante y poco después, a finales del mismo mes, planteó la posibilidad de que determinados inmigrantes votaran en las elecciones municipales. Lanzó un globo sonda. Todo aquello quedó destruido con las imágenes de los cayucos.

¿Cree que dio marcha atrás condicionado por la opinión pública?

Tuvo que dar una imagen de fortaleza e implacabilidad porque, desgraciadamente, en este fenómeno se juega en distancias cortas y se debería analizar en distancias medias y largas.

Explíquese…

Es una desgracia que siempre se aborde la inmigración desde la miopía social y política. El proceso de regularización fue exitoso y lo lógico tras conocer lo que aporta económicamente al Estado esa inmigración sería ofrecer facilidades. Si se facilitaran papeles a los inmigrantes para que pudieran volver a sus países y regresar en cualquier momento sin problemas todo sería más sencillo y menos problemático. El Gobierno está jugando con los cálculos electorales porque, desgraciadamente, la inmigración es materia inflamable en el ámbito político.