El elevado número de militares extranjeros en el Ejército de nuestro país es consecuencia directa del fenómeno migratorio que vive la sociedad civil desde hace una década La muerte del joven soldado Jorge Arnaldo Hernández Seminario en Afganistán el pasado 8 de julio marcó un antes y un después en la historia militar española. Él fue el primer inmigrante alistado en el Ejército que perdía la vida durante una misión en el exterior. Era peruano, como otros 125 que actualmente sirven a una bandera que no es la de su país de origen. Su fallecimiento dejó a la vista una realidad en la que muchos podrían no haber reparado hasta que la noticia saltó a los medios de comunicación.


La presencia de militares extranjeros en el Ejército español es cada vez más notoria. No sólo responde a una mera necesidad de reclutamiento o a la incapacidad del Estado de atraer nuevos soldados nacidos en el país, sino que también es consecuencia directa del fenómeno migratorio que vive la sociedad civil desde hace aproximadamente una década.


Las cifras no hacen sino corroborar que el incremento de efectivos se sucede a buen ritmo. Si en 2005 se alistaron poco más de un millar de foráneos, a mediados de este año casi 5.000 extranjeros habían presentado su solicitud de acceso a las Fuerzas Armadas. El pasado mes de noviembre 1.359 habían firmado ya como militares profesionales de tropa y marinería, lo que supone el 37% de las 3.700 plazas que se han cubierto este año, aunque el objetivo inicial era reforzar la milicia española con una inyección de más de 6.300 soldados antes del 31 de diciembre.


Compromiso de seis años

El Ministerio de Defensa pretendía aumentar hasta los 80.000 efectivos los 73.641 que engrosaban la tropa a principios de año. En total, ya son 3.548 los inmigrantes que forman parte del Ejército, por lo que estas últimas incorporaciones elevan al 4,6% la presencia total de extranjeros entre los 77.352 profesionales castrenses–63.693 hombres y 13.659 mujeres– que nutren hoy el cuerpo en la escala de Tropa y Marinería. El máximo por ley es el 7%.


En su mayoría se trata de ecuatorianos y colombianos–1.528 y 1.326 respectivamente– seguidos muy de lejos por los bolivianos–159–. La mayoría son hombres–2.938– aunque en diez meses el número de mujeres casi se ha duplicado, pasando de 338 a 610. A pesar de que la convocatoria anual es única, hay once ciclos mensuales de selección. Sólo en el primero, se ofertaron 1.263 plazas para inmigrantes y en el actual (el undécimo) han sido 193 más.


Desde que en 2002 el entonces titular de Defensa, Federico Trillo, abriese las puertas del las Fuerzas Armadas a los
no nacionales
con un cupo máximo de 2%, éste se ha ido ampliando tímidamente mientras las mejoras en las condiciones laborales de los efectivos iban haciéndose patentes. Además de elevar hace dos años la cota máxima al 7% de presencia en la plantilla, el ex ministro José Bono también impulsó la mayor subida salarial a los soldados de la historia reciente–un 18,6% para el personal en activo y un 5,8% para el de reserva a aplicar paulatinamente hasta 2008– por medio de la nueva ley de Tropa y Marinería, aprobada el pasado mes de abril. Ahora ganan unos 13.400 euros brutos al año, cuantía que puede variar en función del destino que les sea asignado.


“Con la nueva normativa hemos notado un incremento importante en el número de extranjeros interesados en ingresar en el Ejército. No hay duda de que les ofrece mejores perspectivas de futuro”, razonan fuentes de un centro de reclutamiento.


Los requisitos exigidos a los extranjeros son los mismos que a los nacionales, salvo que además deben contar con un permiso de residencia permanente o temporal. La nueva ley también amplió el compromiso del colectivo hasta los 6 años. Una vez cumplidos, y si han solicitado la nacionalidad española, pueden ampliarlo hasta un máximo de tres. Adquirir la ciudadanía es condición
sine qua non
para poder firmar un contrato de larga duración y acceder a las escalas de oficiales.