Hoy se conmemora el Día de los Derechos Humanos, cuya declaración tuvo lugar en 1948. Cincuenta y ocho años después de su promulgación por Naciones Unidas, la ONU ha dedicado la cita de 2006 para subrayar hasta qué punto la pobreza es, a la vez, causa y efecto de la conculcación de los demás derechos. En el extremo, la pobreza propicia el esclavismo y el tráfico de personas, la explotación infantil, la conversión de mujeres y niños en objetos sexuales, o las levas forzadas en los conflictos bélicos. Las sociedades europeas, la nuestra sin ir más lejos, que están viendo reflejadas en la creciente inmigración de personas sin recursos el drama de la pobreza, disponen de condiciones para ofrecer servicios sociales universalizados e incluso una renta mínima a cada ciudadano carente de ingresos distintos a la ayuda pública. La actuación no gubernamental en la atención a las familias que viven en la penuria, la labor desarrollada por los «bancos de alimentos» o el acogimiento social de las personas sin casa conforman una red de asistencia solidaria tan elogiable como, indudablemente, limitada. Pero han de ser las instituciones las que concedan al ingreso mínimo rango de derecho ciudadano, se preocupen por que la información sobre las prestaciones sociales disponibles llegue también a quienes padecen situaciones de marginación, detecten los casos límite que soportan especialmente muchos ancianos y niños, y se aseguren de que el acceso a una alimentación suficiente, a la sanidad y a la educación sean realmente universales. Porque de la misma manera que la ONU ha concluido que en el mundo «los más pobres cada vez son más pobres», entre nosotros los más excluidos del bienestar tienden a alejarse de las posibilidades de integración social que debe ofrecerles una sociedad en buena medida opulenta.