“Barca o barsaj” (barca o el infierno) se ha convertido en la apuesta loca de miles de jóvenes desesperados que abandonaron este año las costas senegalesas, a bordo de embarcaciones improvisadas, con destino a Canarias, en búsqueda de un hipotético “El Dorado” europeo.

El cierre de los tradicionales puntos de salida, Marruecos y Mauritania, como consecuencia de acuerdos firmados entre dichos países y España, empujó a los candidatos a la emigración a modificar sus planes, yendo hacia más abajo del Atlántico para recorrer unos 1.500 kilómetros en siete días o más para llegar a Canarias.

Desde Saint-Louis, ciudad norteña de Senegal, salieron a partir de enero y luego desde una decena de otras localidades ubicadas en los 700 kilómetros de costas de este país de África occidental. Este año han sido más de 30.000 las personas que cruzaron el océano Atlántico, de las cuales han muerto entre 3.000 y 5.000, según cifras no confirmadas oficialmente.

Ante la preocupación suscitada en el seno de la opinión pública española y las presiones de los demás países de la Unión Europea, el Gobierno central adoptó una actitud de firmeza para organizar la repatriación de ilegales que se encuentran en su suelo.

Una acción diplomática, implicando a las máximas autoridades del Gobierno español, ha desembocado en la firma de acuerdos entre los países de origen de los emigrantes clandestinos, que aceptaron, con alguna condición, la deportación de los inmigrantes.

Fue el caso de Senegal, cuyo presidente, Abdoulaye Wade, se mostró dispuesto a recibir a sus compatriotas, pero vinculó su oferta a un gesto por parte de España para hacer posible la realización de un ambicioso proyecto agrícola que se plantea como alternativa a la emigración clandestina. Denominado Plan REVA (Retorno a la Agricultura), la iniciativa del mandatario senegalés pretende generar centenares de miles de puestos de trabajo e importantes ingresos a los beneficiarios.

El secretario de Estado español de Asuntos Exteriores, Bernardino León, calificó el plan REVA de “respuesta inteligente a la emigración ilegal”, en un viaje realizado a Dakar, y anunció una contribución española de 20 millones de euros.

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se implicó personalmente en el tema al viajar a Banjul en julio a fin de reunirse con varios de sus colegas que participaban en la cumbre de la Unión Africana (UA), y poco después a Dakar para superar algunas diferencias que retrasaron la firma de un acuerdo de cooperación.

Madrid y Dakar llegaron en agosto a un memorándum de entendimiento haciendo posible el lanzamiento de una amplia campaña de lucha contra la emigración ilegal, según el modelo de acuerdo firmado con Marruecos y Mauritania, anteriores puntos principales de salida de las embarcaciones hacia Canarias.

Este acuerdo incluye un programa de asistencia económica de España a Senegal, dentro del marco del Plan África, que pone en evidencia la voluntad de Madrid de convertir sus relaciones con el continente negro en una de las prioridades de su política exterior al abordar de manera multilateral problemas globales como la pobreza, la amenaza terrorista y la preservación del medio ambiente.

Y las gestiones de España en este tema culminaron con la visita que hizo este mes a Dakar el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien firmó con las autoridades senegalesas acuerdos de colaboración, cuatro de ellos vinculados con el tema de la emigración.

Zapatero firmó en Dakar una extensión, hasta fines de junio del año próximo, de la operación europea Frontex, destinada a vigilar las aguas senegaleses con aviones, helicópteros y buques de la marina española.

El Frontex, combinado con la repatriación de los clandestinos unos 5.000 entre septiembre y octubre, acabó con la determinación manifestada por aquellos que ponían en duda las amenazas de devolución de las autoridades, según el Gobierno de Dakar.