madrid. Entre 400.000 y 600.000 inmigrantes extranjeros residentes en España serán regularizados el próximo año en aplicación de la figura del arraigo social, prevista en el actual Reglamento de Extranjería. Según informó ayer Radio Nacional, citando fuentes del Gobierno, este proceso no se puede calificar de “regularización masiva” como se viene insistiendo desde el Partido Popular, sino que se enmarcaría dentro de las medidas que contempla la actual legislación en materia de extranjería.

El Gobierno socialista ha legalizado durante su mandato la situación de 600.000 personas en el marco de un cambio legislativo que despertó las críticas de la UE.

El fenómeno migratorio está produciendo cambios importantes en la sociedad española, donde la población extranjera ha pasado de suponer el 2,4% del total en 1996 a copar en la actualidad el 10%, en algunas zonas hasta el 20%.

Por otra parte, el Gobierno ha realizado 12.171 repatriaciones de inmigrantes irregulares, la mayoría de ellas, hasta 4.671 (el 40%), a Senegal, según los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior, cerrados a 30 de octubre. Los datos muestran que 8.280 de estas repatriaciones tuvieron destinos internacionales, mientras que 3.891 se realizaron a Marruecos a través de Melilla. Después de Senegal, el principal país destino de las de las repatriaciones fue Rumanía, con 1.763 irregulares trasladados. El mayor volumen de repatriaciones se produjo durante los meses de octubre (3.455) y septiembre (1.600), principalmente a Senegal, coincidiendo con las fechas de mayor presión migratoria en Canarias, de cayucos procedente del África subsahariana. Por otra parte, durante el primer trimestre de año, las autoridades incoaron 13.946 expedientes para comprobar los visados turistas de extranjeros. La mayoría de los expedientes corresponden a ciudadanos de Rumanía (3.693) y Marruecos (2.178).

En 2005 se incoaron 41.413 expedientes por el mismo motivo. Al igual que en 2006, en su mayoría fueron abiertos a ciudadanos marroquíes (8.067) y Rumanos (9.403), según los mismos datos. Las autoridades españolas realizan este trámite para comprobar que el viajero posee un documento válido para el cruce de la frontera, sobre los documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de estancia prevista, que dispone de medios adecuados de subsistencia, que no está incluido en la lista de no admisibles y que no supone un peligro para el orden público, la seguridad nacional o las relaciones internacionales. >agencias