DOYA NOAIN
NUEVA YORK

El día del 2002 en que Paola y Randall Emery decidieron casarse, debería permanecer en sus recuerdos como uno feliz. Pero cuando ella lo rememora, habla de “principio de la pesadilla”. Empezó el no poder viajar ni ver a la familia, el gasto de miles de dólares en abogados, la espera de años en trámites que deberían durar meses… Las cosas serían diferentes si Paola no fuera colombiana y Randall estadounidense, si no vivieran en Filadelfia, si ella no hubiera conocido al amor de su vida durante un viaje a EEUU con un visado de turista y, sobre todo, si la lucha contra el terrorismo no llevara una década filtrándose en las ya pantanosas aguas de las leyes de inmigración.
Como Paola y Randall, cientos de miles de personas han formado matrimonios transnacionales en EEUU y, como ellos, deben enfrentarse a procesos burocráticos tediosos para regularizar la situación del cónyuge inmigrante. Hoy hay 400.000 personas cuyo proceso de regularización se retrasa por investigaciones del pasado del demandante. Pero, a diferencia de lo que le ha sucedido a esta pareja, otras muchas acaban divididas y no por divorcios, sino por leyes que incluyen la deportación y la prohibición de volver al país durante 10 años o incluso durante el resto de la vida.
“Mucho peor que si hubieras cometido un delito es que hayas dicho en algún momento que eres ciudadano estadounidense sin serlo”, explica por teléfono Emery que, azuzado por su propio caso, inició con un amigo una lista de correo en internet que se ha transformado en American Families United, una organización con voluntarios en activo en 20 estados. “Solo con que lo hayas dicho a viva voz pueden deportarte y prohibirte la entrada de por vida; puedes estar casado y tener hijos y no importa. Si eres deportado no tienes la posibilidad de recurrir”, dice.

Reacción al 11-S
Paradójicamente, fue un atentado cometido por un estadounidense -el ataque en Oklahoma de Timothy McVeigh- lo que llevó, en 1996, a un endurecimiento de las leyes de inmigración. La reacción al 11-S no hizo sino añadir otra capa de hormigón a esta losa que atrapa por igual a todos los inmigrantes , procedan de México, Pakistán, Irlanda o China.
El rigor de la normativa atrapa también sin distinción de clases. Se lo pueden preguntar al senador estatal de Georgia Curt B. Thompson, que hace solo unos días vio como su esposa, la colombiana Sascha Herrera, huía de su casa para evitar ser deportada. Su problema afecta también a muchos inmigrantes : Sascha fue engañada por un notario (que en EEUU no tienen experiencia legal), quien presentó una petición de asilo sin que ella lo supiera. El miércoles, finalmente, un juez le permitió quedarse en el país.
Han pasado también por varios abogados -y no siempre con buenas experiencias- O. , un mexicano con 10 años en EEUU sin papeles, y M. , una neoyorquina que desde agosto es su esposa. Su matrimonio no ha sido una puerta abierta a la regularización: si presentaran la documentación del matrimonio para obtener la carta verde, las autoridades investigarían a O. Encontrarían una cuenta bancaria y un carnet de conducir. La deportación sería inmediata.

Solo se puede esperar
M. y O. solo pueden esperar. Y sus esperanzas están puestas en que la nueva mayoría demócrata en las cámaras impulse a partir de enero una política de inmigración que unos llaman más compasiva, otros más permisiva y que M. califica de “más justa”. Su esperanza es que se destierre definitivamente el espíritu que latía tras la propuesta de ley que pasó hace un año la Cámara de Representantes, donde el inmigrante era criminalizado.
El debate político que se avecina probablemente se centre, como hasta ahora, en aspectos de la inmigración relacionados con los trabajadores. Y aunque Emery critica que se desatienda la faceta familiar -según el Pew Hispanic Center hay 3,1 millones de niños hijos de inmigrantes “no autorizados”-, también sabe que la falta de focos permite que haya más terreno de acuerdo entre los dos partidos. En el caso de que acuerdo no sea suficiente, American Families United trabaja también con el lobi de Bruce Morrison, que presidió el subcomité de inmigración en la Casa de Representantes entre 1989 y 1991.
Por cierto, aunque los Emery demandaron al Departamento de Seguridad Interior, ganaron y lograron que se tramitara por fin su caso, Paola aún no es ciudadana.