AYOZE GARCÍA / ERENA CALVO

LAS PALMAS. «Es necesaria una política europea efectiva en materia de inmigración». Así comenzaba ayer su discurso el secretario general del PP europeo, Antonio López – Istúriz, durante la segunda jornada del seminario sobre inmigración que ha celebrado en Las Palmas de Gran Canaria la Internacional Demócrata de Centro (IDC). Una idea que suscribió el presidente de la IDC, Pier Ferdinando Casini, tras presentar una declaración sobre control de flujos migratorios que recoge varias de las propuestas formuladas por el PP en octubre.

«No podemos dejar solas a España o Italia, porque el destino final de los inmigrantes afecta a muchos más países europeos», señaló Casini al tiempo que insistía en que «Europa debe asumir una mayor responsabilidad».

A este respecto, el presidente de los populares españoles, Mariano Rajoy, adelantó que si alcanza la presidencia del Gobierno propondrá una ley a nivel europeo que prohiba las regularizaciones masivas. De hecho, adelantó que este problema, «que ya constituye la mayor preocupación de los españoles según el CIS», constituirá uno de los cuatro ejes de su programa electoral, tras la economía, el modelo de Estado y la inseguridad ciudadana.

«No luchar contra la inmigración irregular sería una inmoralidad», dijo Rajoy, quien arremetió contra la postura de «resignación» del Gobierno socialista, que ha gestionado «muy mal» la política migratoria. En opinión de Rajoy, este «fenómeno es positivo pero no infinito», puesto que la capacidad de acogida de los países receptores es «limitada».

En la misma línea, Ana Pastor, secretaria ejecutiva de Políticas Sociales y de Bienestar del PP, recordó que ya hay «cuatro millones de extranjeros en España, y un millón y medio en situación irregular».

Pércival Manglano, uno de los responsables de la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid, también resaltó el «rápido incremento de la población inmigrante en estos últimos años» y como solución reclamó que los «valores de centro derecha» se apliquen al reparto de ayudas económicas en países en vías de desarrollo; de modo que se centren en «el desarrollo de las instituciones democráticas y el buen gobierno».

Estas tesis fueron adoptadas por Abbes El Fassi, ministro de Estado de Marruecos, que recalcó la importancia de que también se impliquen los países emisores de la inmigración en la solución de este fenómeno. Sin embargo, El Fassi manifestó que este proceso tardará décadas en normalizarse, y destacó que en la frontera que separa a su país de Argel «hay 50.000 personas que esperan alcanzar Marruecos, país de tránsito, para llegar luego a España».

Desde el reino alauí, aseguró, «también estamos interesados en controlar la situación: los países de tránsito no queremos convertirnos en los gendarmes de Europa».

Gestos insuficientes

Por su parte, el ministro de Cooperación senegalés, Lamine Bã, coincidió en la importancia de encontrar una solución a la «plaga de la inmigración», que considera que España no ha afrontado con la suficiente entereza. «Valoro positivamente la reciente visita de Zapatero a nuestro país, pero hace falta ir más allá de los gestos», aseguró en declaraciones a ABC.

Respecto a los visados comprometidos por España para algunos de los senegaleses repatriados este año, Bã pidió que superen los cuatro mil, una cifra que se reclama desde Senegal, pero que el Gobierno de Zapatero todavía no ha concretado. En opinión de Bã, el objetivo de los subsaharianos que emigran a España es trabajar hasta ganar el dinero suficiente como para regresar a su país y poder fundar un hogar o una empresa. «Estos jóvenes no son delincuentes y deberían poder establecerse en otros países de forma legal», concluyó.