pamplona. Casi un tercio de los inmigrantes que residen en Navarra se encuentra en situación irregular, según los datos hechos públicos ayer por la Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra (FAIN). De los 70.000 inmigrantes que hay actualmente en la Comunidad Foral, unos 25.000 no disponen de la documentación necesaria, según FAUB.

Las cifras de la FAIN mantienen la tendencia apuntada en los últimos años tras el proceso de regulación llevado a cabo en todo el Estado en 2005. En dicho proceso fueron aceptadas en Navarra un total de 7.318 solicitudes presentadas ante los organismos de la administración del Estado, lo que provocó que el porcentaje de irregulares en la Comunidad Foral descendiese del 50% al 30%, según un estudio de la UPNA publicado en febrero de este año. Recientemente la Fundación Anafe – Cite cifró en 54.412 el total de inmigrantes residentes en toda Navarra, de los que un 70% tendría regularizada su situación.

La FAIN hizo públicos estos datos durante una rueda de prensa en la que se denunció el “gran retroceso” sufrido en materia de derechos humanos en relación con la inmigración e instó al Gobierno a realizar una reforma constitucional que garantice “la igualdad de trato a todas las personas”. Marcelo Argañaraz y Nanci Tapias, representantes de los inmigrantes, anunciaron también la convocatoria de una semana en favor de los derechos humanos a la que se han adherido diferentes colectivos y sindicatos.

ley de servicios sociales Durante la comparecencia se destacó, entre otras cuestiones, que la Ley Foral de Servicios Sociales, aprobada el pasado mes de noviembre, “no garantiza el derecho a los mismos de todas las personas inmigrantes”. En este sentido, Argañaz explicó que serán los técnicos los que determinen si quienes se encuentran en situación irregular tienen derecho a las prestaciones recogidas en la norma. “No garantiza un derecho que una ley del Estado español garantiza”, subrayó, precisando que la Ley estatal 4/2000 “garantiza a las personas irregulares educación y salud”. “Denunciamos que el llamado cuarto pilar del Estado del Bienestar social, conocido como Ley de Dependencia, limita el derecho del mismo a la población inmigrante”, se remarcó.

A su vez, Argañaz hizo hincapié en que los permisos de residencia por agrupación familiar se redujeron en un 22% durante el pasado año. “Nos preguntamos qué tipo de integración es ésta”, señaló.

La denuncia de discriminación sobre los inmigrantes llegó también a la participación política de éste colectivo. Según la Federación, es necesario la ampliación del derecho a voto, a ser elector y elegible a la población inmigrante. “Si genero riqueza tengo derecho a decidir cómo se usa”, remarcó Argañaraz. La situación de los inmigrantes sin regularizar fue también destacada por los representantes de la FAIN, y se señaló que éstos siguen sin disfrutar de los derechos de asociación, reunión, manifestación y huelga.

La Ley de Extranjería y su reglamento fue también objeto de las críticas de los representantes de los inmigrantes. “Es el marco normativo sobre el que se asienta la desigualdad y la discriminación de millones de personas”, subrayaron. Según la FAIN, “cerca de tres millones de personas están sujetas a una legislación especial que les discrimina en sus derechos y les afecta de manera negativa en sus vidas, en lo político, social y laboral”. En este sentido, Argañaraz señaló que en las últimas dos semanas se ha producido un aumento en las detenciones y expulsiones de personas en situación irregular, por lo que destacó el “malestar” existente entre el colectivo inmigrante. Éstas cuestiones serán tratadas en la reunión que celebrarán los inmigrantes con Vicente Ripa el próximo martes.