Asimismo, AI destacó en un informe publicado el pasado mes de noviembre y titulado “España y Marruecos: falla la protección de los derechos de las personas migrantes: Ceuta y Melilla un año después”, que continúa realizándose un uso excesivo de la fuerza por las autoridades marroquíes y españolas en el perímetro fronterizo.

Ante esto, AI, instó a los gobiernos de estos dos países a que adopten y apliquen normas y reglas acerca del uso de la fuerza y de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de cumplir esta normativa, teniendo en cuenta el Código de Conducta de la ONU. Para ello, los gobiernos deben destacar también que se garantice la formación adecuada a este personal acerca de la utilización de las armas y que se tomen las medidas legales necesarias ante situaciones en las que se haga un uso indebido de las armas.

Otra de las peticiones que AI realizó en su informe es que garantice que las cámaras de seguridad situadas en las vallas de Ceuta y Melilla sean supervisadas “sistemáticamente” y que estén disponibles para la supervisión por parte de las autoridades judiciales para que se garantice la detección de posibles violaciones de los derechos humanos.

Solicitantes de asilo
AI instó además a los gobiernos de España y Marruecos a que se reafirme el principio de no devolución, así como el hecho de que se garantice que las personas que se enfrentan a situaciones de expulsión sean informadas y se les garantice el acceso a asesoramiento jurídico gratuito.

Así, los inmigrantes deben tener información escrita sobre el procedimiento de asilo y se garantice que la decisión de recluir a un solicitante de asilo se aplica y se regula de conformidad a las directrices de ACNUR sobre los criterios y estándares aplicables con respecto a los solicitantes de asilo. Si se decide que el solicitante de asilo debe ser devuelto a su país, se debe garantizar que la misma se lleva a cabo respetando los derechos humanos y se hace con seguridad y dignidad, además de garantizar que las personas expulsadas pueden elegir el Estado de destino, por medio de un acuerdo previo de dicho Estado.

Recomendaciones al Gobierno
Distintas organizaciones nacionales e internacionales continúan pidiendo que se ponga fin a las expulsiones masivas de inmigrantes que se producen a países vecinos. Es por ello por lo que desde Amnistía Internacional exigen a los gobiernos de España y Marruecos que esta situación se normalice.

La organización instó al Gobierno de España a que firme y ratifique la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos todos los Trabajadores migratorios así como de sus familias.

Otra de las recomendaciones al Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero, es que se ratifique el protocolo número cuatro del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales que prohíbe la expulsión colectiva de extranjeros.

AI exigió que se establezca una agencia independiente, dotada de los recursos necesarios, para que se encargue de investigar todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por los distintos funcionarios. Entre estas denuncias se encuentran las relativas a muertes, homicidios, torturas, malos tratos, racismo “y otros tratos crueles, inhumanos o degrdantes”. Además, esta agencia, debe estar facultada para ordenar que se promuevan procedimientos disciplinarios contra los funcionarios que se encargan de que se cumpla la Ley y la seguridad en la frontera.