TEXTO: M. J. ÁLVAREZ

FOTO: JULIÁN DE DOMINGO

MADRID. «He tenido mucha suerte y la gente me ha ayudado mucho no sólo en África, sino en España. He logrado mi objetivo que era llegar hasta aquí. Claro que ha habido momentos malos, en todas las situaciones los hay, no hay solo un lado bueno… ¿El futuro? No me preocupa. Estoy aquí ahora. El presente es lo único que importa. Es mi cultura. Antes de que tenga que abandonar el piso en el que estoy me ayudarán a encontrar otro… Sino, me buscaré la vida. Tengo que abrirme camino en este país por mi hijo de cinco años que está en mi tierra. Todo lo hago por él, para facilitarle la vida».

Así resume su duro periplo Pablo, de 22 años, natural de Camerún, que tardó dos años en su particular travesía que le dejó, tras pagar a diestro y siniestro por «documentación falsa, por coger un camión, por atravesar el desierto y por la patera que le dejó en Melilla.

Es un joven robusto y ágil como un junco que trabaja en la construcción de forma ilegal, como no podía ser de otra manera, dadas las circunstancias. Por no estar, ni siquiera está empadronado. «No tengo pasaporte, explica». ¿Y si te pones enfermo?, interrogamos. «Voy a Urgencias», replica. Son las siete y media de la tarde y estamos en uno de los tres pisos de los que dispone el Ayuntamiento de Madrid para la acogida temporal de inmigrantes subsaharianos.

Son 36 plazas en total, seis por vivienda. No son muchas, o tal vez sí, si se tiene en cuenta que hasta el pasado mes de septiembre por los tres inmuebles habían pasado ya cerca de un centenar de personas (94), 86 hombres y 18 mujeres, lo que ha supuesto un respiro para ellos, eso sí, con fecha de caducidad. Cada año pasan de media unos 200. La razón es que las estancias no pueden prolongarse más allá de los tres meses. Es una de las condiciones del programa de atención municipal que forma parte del Plan de Convivencia Social e Intercultural.

Paliar una tragedia humana

Es uno de los recursos existentes, y el único de estas características existente en nuestro país, aunque hay otros, entre ellos un centro de acogida en la Casa de Campo, en donde se atiende a familias con menores a su cargo (a más de 400 personas hasta septiembre pasado), programas de calle para detectar a estos inmigrantes y evitar que se enquisten en determinadas zonas de la ciudad, además de la coordinación, desde el pasado verano, con seis ONG que colaboran con la Administración central, con el fin de no duplicar recursos y lograr una atención más eficaz. Aunque no se les va a poder documentar, lo que dificulta su acceso al mercado laboral, al menos se trata de que no terminen abocados a la marginación y en la calle.

En el piso que comparten Pablo y Alama, un maliense de 28 años, conviven, además, otras dos personas. Pablo, al que le queda poco más de un mes para abandonar este lugar, adiestra a su compañero que acaba de llegar en las faenas del hogar, una de las normas que tienen que cumplir. «Lo más difícil para mí ha sido aprender a manejar la vitrocerámica y la lavadora».

Es un cambio brutal, dado que muchos de ellos proceden del medio rural y se admiran cuando abren un grifo y sale agua. «Les enseñamos cómo organizar una casa, el funcionamiento del ascensor, las zonas comunes, los horarios, etc», explica Silvia Conde, coordinadora del programa de acogida temporal.

A este recurso llegan derivados por ONG o los servicios sociales. El inmueble es nuevo y está como los chorros del oro. Tiene hasta piscina que ninguno ha utilizado. Es un lujo al que no están acostumbrados. Durante el tiempo de estancia tienen que acudir a talleres de búsqueda de empleo (aprenden dónde y cómo buscar, qué es una nómina, etc), les enseñan castellano y habilidades sociales y se les adiestra para que sean autónomos y sepan valerse por sí mismos (empadronarse, trámites para documentarse, qué recursos existen y adónde pueden acudir…), así como el acceso a actividades de ocio gratuitas. Tienen que cumplir una serie de requisitos como solicitar el pasaporte en su embajada, convivir en grupo y procurarse un medio de subsistencia lo antes posible.

Alama, el recién llegado se muestra muy tímido. Lleva cuatro días en el piso y apenas habla castellano, aunque hace ya varios meses que una patera le dejó en Las Palmas. En su país trabajó en una tienda de chatarra. Empleó 8 meses en su viaje. Ni siquiera sabe cocinar. Vivió en la caseta de una obra en Madrid, en albergues, y lo que llaman guetos, es decir, en la calle, con otros compatriotas. Trabaja como soldador por 800 euros al mes y come una vez al día. «Cada 15 hablo con mi familia. Quiero volver. Esto no es como yo esperaba, yo creía que todo era más fácil y que no hacían falta papeles para nada».