JUAN PEDRO QUIÑONERO

CORRESPONSAL

PARÍS. Por vez primera en varias décadas, la inmigración legal desciende en Francia, según todos los indicadores oficiales y oficiosos, como consecuencia de las políticas de control de los flujos migratorios, en los antípodas de las legalizaciones masivas aplicadas en España, con medidas prácticas de carácter diplomático, judicial, policial y social.

Según las estadísticas, el «reflujo» de la inmigración legal ha coincidido con el momento más intenso de los enfrentamientos soterrados entre Francia y España en materia de inmigración.

Entre el 2000 y el 2004, la inmigración legal creció en Francia en un 21 por ciento, y llegó a alcanzarse la concesión de 191.850 autorizaciones oficiales de residencia a inmigrantes de la más diversa condición. La primera Ley Sarkozy de control de los flujos migratorios data del mes de noviembre del 2003. Año y medio o dos años más tarde, el 2005, descendió por vez primera la concesión oficial de autorizaciones de residencia, en un 2,57 por ciento.

La caída de 191.850 autorizaciones, el 2004, a 186.918 autorizaciones, el 2005, quizá sea estadísticamente modesta. Pero varios especialistas la consideran significativa, anunciando un «cambio de rumbo», cuando se espera de los nuevos recursos judiciales y legislativos una confirmación matizada de la tendencia de fondo.

Entre el 2002 y el 2004 estallaron los enfrentamientos entre Madrid y París en materia de inmigración. Nicolas Sarkozy y Dominique de Villepin criticaron abiertamente las legalizaciones masivas españolas, pidiendo una «armonización» de políticas comunes europeas, que España ha terminado por aceptar, forzada por las presiones de Francia y Alemania.

El debate con España, muy tenso por momentos, coincidía con la puesta en práctica de políticas que han tardado uno o dos años en comenzar a dar frutos aparentemente significativos.

Frutos de la ley

En su primera etapa de ministro del Interior, Nicolas Sarkozy comenzó el 2002 una política que tenía varios capítulos complementarios: frenar los flujos migratorios, multiplicar las expulsiones de inmigrantes ilegales, legalizar la situación de inmigrantes con trabajo, frenar el reagrupamiento familiar de inmigrantes en situación regular o irregular, con normas mucho más estrictas.

En el año 2000, Francia expulsó a unos 10.000 inmigrantes ilegales. En el 2005, las expulsiones de ilegales se duplicaron, hasta superar las 20.000. Esa política policial expeditiva estuvo complementada con acuerdos diplomáticos con varios países africanos.

Siendo ministro de Asuntos Exteriores, Dominique de Villepin, negoció a partir del 2002 acuerdos bilaterales que permitieron frenar los flujos migratorios más tradicionales, como complemento a las políticas policiales de prevención y represión tradicional.

El freno y control de la inmigración ilegal permitió atender, incluso favorecer, un número creciente de demandas de asilo y refugio político. Al mismo tiempo que ha descendido el número de ilegales ha crecido en un 11.1 por ciento el número de refugiados políticos (unos 15.110, el 2004). Las cifras oficiales de la Oficina francesa para la protección de los refugiados políticos confirman esa tendencia, que también pudiera descender, próximamente, cuando entren en vigor las nuevas leyes y decretos en curso de aprobación parlamentaria.

El objetivo último del abanico muy amplio de recursos legislativos, judiciales y policiales no es tanto reducir indefinidamente el número de inmigrantes legales, como llegar a conseguir una «inmigración deseada», mucho más selectiva y mucho menos sufrida de manera intempestiva.

Una nueva etapa

La ley Sarkozy de la inmigración elegida, aprobada el mes de julio pasado, apenas empezará a entrar en vigor a finales de año y su objetivo último es crear mecanismos humanitarios, económicos, jurídicos, penales y policiales que reduzcan al máximo las «oleadas» de inmigrantes ilegales para favorecer la llegada de inmigrantes no solamente «aceptados» sino «deseados», para intentar devolver algún dinamismo social a sectores más o menos en crisis.

Las políticas que comenzaron a entrar en vigor durante los dos últimos años, y la política que comenzará a funcionar plenamente, dentro de unos meses, intentan equilibrar todos los aspectos diplomáticos, económicos, sociales, culturales, políticos y policiales, a través de objetivos nacionales bien definidos.

En el terreno más inmediato de la inmigración «salvaje», ilegal, Francia se ha dotado de recursos policiales expeditivos, que han funcionado con eficacia durante los dos últimos años.